Introducción.
Los fenómenos de pobreza y la desigualdad en América Latina no son en manera algunos problemas novedosos. Más específicamente, sin una deuda persiste en América Latina hoy, ella puede tipificarse como la deuda social. En el haber de la región, en número rojos, domina el escenario la promesa nunca cumplida de la incorporación social de las masas latinoamericanas, y el logro de sociedades mínimamente integradas. El primer periodo exportador de América Latina, luego de la independencia de la corona española, se caracterizó por un acelerado crecimiento económico, y la persistencia y aún fortalecimiento de sistemas sociales excluyentes. Los legados del despotismo ibérico, la explotación de la población nativa y esclava africana, la delimitación de grandes propiedades territoriales en pocas manos y el triunfo de elites librecambistas y liberales, conspiro para inhibir el traslado de los frutos del crecimiento a la gran masa de la población latinoamericana.
La crisis de los años treinta y el periodo de la posguerra estuvieron marcado en la mayoría de los casos por una presencia mucho mayor del estado. Los enunciados fundamentales que sustentaron al nuevo modelo económico argumentaban que el comercio internacional tendía a favorecer estructuralmente a los países industrializados y que el desarrollo de la industria domestica requería de la protección y promoción activa del estado. Por su parte, este tipo de modelo de desarrollo permitiría no solo crecimiento sostenido e industrialización sino también una mayor incorporación social de la población tradicionalmente excluida. Las tasas de crecimiento durante al menos dos décadas parecieron dar la razón a los proponentes de estos modelos. Las promesas de incorporación social dejaron, sin embargo, mucho que desear en su realización.
Unos pocos países, entre ellos los del cono sur, lograron grados de desarrollo social relativamente importantes, pero la mayor parte de la región, incorporo al nuevo modelo de desarrollo, moderno, industrial y urbano, a un porcentaje muy pequeño de la población. Estos sectores fueron efectivamente privilegiados, y se beneficiaron de la redistribución del ingreso que el estado administraba e impulsaba desde el sector agrario exportador al sector industrial protegido y a un aparato de servicios y empleo público sobresaturado. El resto de la población se insertaba en mercados informales y apelaba a diversas estrategias de supervivencia. La pobreza rural, en particular se incrementaba, ya que las oportunidades de trabajo disminuían en relación directamente proporcional con los discentivos a la inversión que el modelo de desarrollo les imponía a los intereses agrarios. Estos pobre rurales emigraron a los centros urbanos, los cuales carecían de la capacidad de absorberlos. Los “cantegriles”, “poblaciones” y “favelas” se convirtieron en el símbolo de la versión urbana de la segmentación social.
A mediados de 1960, la evidencia de un razonable crecimiento de dos décadas y medida, y la concomitante realidad de desigualdad y segregación social, llevaron a algunos analistas y elites políticas a plantearse que el problema de la integración social debía ser enfrentando en forma directa, por medio de mecanismos redistributivos en algunos casos, y en otros más radicales por una modificación de la estructura de la propiedad agraria. La exacerbación de políticas populistas o los intentos de reforma agraria representaban soluciones tentativas a la tensión más general de un modelo de industrialización que había llegado a su límite en combinación con una estructura latifundista del sector con reales ventajas comparativas.
La crisis de la deuda de la década de los ochenta, relego a un segundo plano la vieja promesa de integración e incremento la deuda social. En parte, quienes venían abogando por un nuevo modelo de crecimiento, con menor participación del estado y orientado a las exportaciones, apuntaban a que la incorporación social solo podría lograrse, si se modificaba el modelo de desarrollo, para lograr una economía sana y un crecimiento económico sostenido. En esta primera versión, tal como había predominado durante los modelos anteriores, la incorporación social y un proyecto de sociedad integrada, dependía en última instancia de adecuadas políticas económicas y su producto en tasas de crecimiento estables y robustas. Como veremos más adelante, se agregaba a este punto, el problema de los modelos de crecimiento. Si bien el crecimiento puede ser alcanzado por diversos modelos, algunos distribuyen sus beneficios en forma más igualitaria que otros, contribuyendo por tanto a procesos generales de integración e incorporación social.
Una segunda dimensión que se rescataba como estrategia potencial para favorecer la integración e incorporación social era la política. Resultaba evidente, para muchos, que la debilidad crónica de los regímenes democráticos en la región y las olas de autoritarismos en los setenta para los países más desarrollados de América Latina conspiraban contra el desarrollo social al limitar y reprimir el poder de los sectores subalternos en hacer pesar sus preferencias distributivas y redistributivas, al mismo tiempo que tendían a favorecer el capital sobre el trabajo. Se puede argumentar por tanto que la ciudadanía política aparece en el debate latinoamericano como promesa y ruta complementaria o adicional al crecimiento económico para el logro de la incorporación social.
Finalmente, una tercera ruta o pilar para el logro de sociedades integradas, se encuentra en la estructuración de programas sociales concretos que cristalizan los estándares de desarrollo social mínimo en una sociedad dada o favorecen procesos de integración social individual al proveer beneficios educativos y de salud (capital humano) en forma relativamente universal. En otras palabras, las políticas sociales promueven o en sus versiones más integrales (modelos socialdemócratas de Welfare) garantizan el logro de la ciudadanía social.
Estas rutas o pilares no son excluyentes; crecimiento y modelo de crecimiento, ciudadanía política, y políticas sociales, se combinan para definir los niveles promediales de desarrollo social de una nación y su distribución en los diferentes estratos y grupos que conforman dicha nación.
Las políticas sociales parecieron asumir sobre mediados de la década de los noventa una presencia improcedente. Las agencias internacionales, las elites domésticas y los propios actores colectivos, creyeron ver en la reforma del sector social una de las claves para paliar los costos sociales de la crisis y el ajuste y para impulsar el desarrollo social durante y luego del periodo de transformaciones estructurales.
En este documento, nos interés tratar los otros pilares o estrategias para el logro de la incorporación y el desarrollo social, en especial los referidos al crecimiento, los modelos de crecimiento y a la política. Estos últimos dos son posiblemente los factores menos trabajados en la literatura reciente y sobre los que colocaremos más énfasis. Crecimiento y políticas sociales eficientes parecen constituir las claves para el futuro social de América Latina, sin que la política y los modelos de crecimiento reciban la atención necesaria en tanto factores de incorporación social. Creemos necesario introducir y evaluar el rol de los modelos de crecimiento y la política que han tenido sobre el desarrollo social durante el periodo en que América Latina enterró una forma de crecer y abrazo una nueva estrategia.
No hacerlo puede llevarnos a subestimar estos factores y subordinarlos a las preferencias necesarias para el logro de objetivos de crecimiento o reforma del sector social. La promesa de crecer al 7% anual versus la posibilidad de hacerlo al 4% debe ser evaluada, también a partir del contenido distributivo de los diferentes modelos de desarrollo posibles. La insularidad estatal tan preciada para la formulación de adecuadas políticas públicas debe ser confrontada con los requisitos de ciudadanía política y de densidad de dicha ciudadanía, si esta prueba jugar un rol importante en el desarrollo social.
La temporada amarga y el impulso reformista.
En 1982 América Latina enfrento una crisis de proporciones comparables a la debacle mundial de los años treinta. También al igual que con la crisis que se inició en el ’29, la crisis de la deuda de 1982 cerraba definitivamente un modelo de desarrollo en América Latina. En efecto, luego de la crisis de la gran mayoría de los países pusieron fin al modelo estado céntrico de sustitución de importaciones y enfrentaron el desafío de construir un nuevo modelo mercado céntrico orientado a la exportación. Las causas de estos cambios profundos se encontraban tanto en el agotamiento interno del modelo anterior como en cambios internacionales que se iniciaron con las crisis del petróleo en los años setenta. Para complicar un proceso complejo de readaptación al nuevo contexto internacional, debe tenerse en cuenta que las necesarias transformaciones a enfrentar por la región debieron ser llevadas a cabo en un contexto de desajuste externo e interno grave. Corte abrupto del crédito externo, elevación de las tasas de interés y por tanto de los pagos por obligaciones incurridas en el endeudamiento externo, retracción de capitales, inflación en dos y tres dígitos y severos déficits fiscales, son tan solo los aspectos más importantes de este contexto negativo. El efecto más claro del agotamiento interno y del impacto negativo del contexto externo es dramático al observar las tasas históricas de crecimiento y las correspondientes a los años ochenta. Entre 1950 y 1960, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció a un promedio de 4.9 anual y en las dos décadas siguientes lo hizo a un promedio aproximado de 3.0. En la primera mitad de la década del 80 el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para la región decreció en forma absoluta a un ritmo de -1.6 anual para estancarse o mejorar lentamente en años posteriores. En forma más simple América Latina poseía 1600 dólares anuales en promedio por habitante en 1970 y 2160 dólares en promedio en 1980. En 1990 la riqueza del América Latina era menor en términos absolutos; 1988 dólares. Solo en 1993 con 2100 dólares por habitante, la región se aproximó a la cifra de 1980.
Las medidas implementadas para sobreponerse a esta situación y al mismo tiempo redefinir el modelo de crecimiento representan un cabal quiebre paradigmático respecto al modelo de desarrollo anterior. Estos procesos de ajuste y estabilización en un primer momento y de transformación estructural en su segunda fase no fueron impulsados siempre – ni mucho menos solamente – por las elites domesticas; en muchos casos los actores más entusiastas detrás del programa de cambio fueron las agencias multilaterales y el gobierno de los Estados Unidos. En palabras de Williamson (1990):
“...Ever since the Third World debt crises broke in August of 1982, debtor countries have been called to adjust […by…] the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the US executive branch… […] I labeled this program the Washington consensus […] A summary description of the content of this Washington agenda is macroeconomic prudence, outward orientation, and domestic liberalization.”
La frase final de Williamson, por lo sintética, no hace justicia a la magnitud de los cambios ocurridos en la región entre 1982 y 1995. Una descripción un poco más pormenorizada ofrece una imagen más ajustada de la importancia de estas transformaciones. La mayor parte de los países de América Latina han disminuido radicalmente o suprimido aranceles proteccionistas y subsidios internos directos – ambos instrumentos de política pública centrales en el modelo de desarrollo anterior. Han por otra parte, reducido su gasto público e incrementado (intentado incrementar) su base impositiva, a la vez que privatizaron empresas y servicios sociales estatales. También puede observarse una drástica desregulación de mercados financieros y laborales, así como la disminución en los requisitos para la inversión extranjera[1].
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PA |
TC |
ML |
EE |
PS |
GPNS(a) |
GPS(a) |
|
Argentina |
Media |
Si |
Alta |
Alta |
Si |
-3.8 |
72.1 |
|
Brasil |
Media |
Si/No |
Baja |
Media |
No |
3.2 |
121.6 |
|
Colombia |
Media |
Si |
Baja |
Media |
No |
s/d |
105.1 (b) |
|
Costa Rica |
Media |
Si |
Media |
Media |
Parcial |
0.1 |
109.0 (c) |
|
Chile |
Alta |
Si |
Alta |
Alta |
Si |
-2.9 |
78.6 (b) |
|
México |
Alta |
Si/No |
Alta |
Alta |
Si |
-2.1 (c) |
76.7 |
|
Perú |
Alta |
No/Si |
Alta |
Alta |
Si |
-10.4 |
50.1 |
|
Uruguay |
Media |
Si/No |
Baja |
Baja |
No |
-1.5 |
106.3 |
|
· (PA) Política Arancelaria: ¿Disminución de aranceles? · (TC) Tasa de cambio: ¿devaluación? · (ML) Mercado Laboral: ¿Desregulación? · (EE) Empresas Estatales: ¿Privatización? · (PS) Políticas sociales: Giro hacia modelo liberal · (GP) Gasto Público No-Social: Variación como % Producto Interno Bruto (PIB) · (GPS) Gasto Público Social Real Per/Cápita: Variación (1980=100) | |||||||
Tabla 1 Configuración políticas públicas y evaluación de transformaciones para países seleccionados de América Latina 1982 - 1992[2]
Transformaciones de estas magnitudes son siempre traumáticas para las sociedades en cuestión. Considérese, además, que las mismas fueron realizadas como respuesta a una profunda crisis económica que afecto, como se señalara, la riqueza de estas naciones de tal forma que en muchos casos solo hacia fines de la década se empezó a recuperar el ingreso per cápita previo a la crisis. No debe extrañar entonces, que la evolución de los indicadores de bienestar en la población no presenta un panorama positivo. En efecto, la población en situación de pobreza e indigencia no solo disminuyo, sino que aumento en términos absolutos para la región. Asimismo, el consumo calórico y proteico promedio se estancó y disminuyo en la parte de los países. Otros indicadores, especialmente mortalidad infantil y expectativa al nacer mantuvieron una evaluación positiva, aunque disminuyo en muchos casos el ritmo de mejora[3].
A pesar de estos costos casi todos los países de la región se encuentran en el proceso de transformar sus economías en las direcciones anotadas. Las elites domésticas, operando en su mayoría en contextos democráticos han elegido pagar estos costos. Cabe preguntarse porque, tales comportamientos resultan más extraños aún si consideramos el pasado “populista” de muchas naciones latinoamericanas. Las respuestas posibles para estos comportamientos son relativamente simples. En primer lugar, la percepción por parte de elites y policy makers de que el modelo anterior que se encontraba efectivamente agotado. En segunda instancia las presiones internacionales para el pago de la deuda y el hecho que las agencias internacionales y los acreedores privados empezaron a hacer depender sus futuros créditos de ciertas reformas o logros macroeconómicos de los países deudores. Estas dos razones, son si se quiere, del tipo “no hay alternativa”. Sin embargo, tal vez la razón más importante, se encuentra en el creciente consenso sobre cuál es el modelo adecuado de crecimiento sostenido y cuáles son los efectos sociales de dichos modelos. La perspectiva neoclásica adquirió creciente legitimidad y ofreció una matriz teórica que permitía justificar los costos sociales en el corto plazo. El desarrollo social dependía fundamentalmente del crecimiento económico, por lo cual todos los objetivos de corto plazo debían encontrarse subordinados a este principio orientador del crecimiento.
Economía, política y desarrollo social en perspectiva comparada.
Crecimiento y Desarrollo Social.
En los años setenta tanto la CEPAL como el Banco Mundial que discutió el problema de la pobreza en América Latina argumentaron que el costo fiscal y el esfuerzo distributivo para superar las situaciones de pobreza no era particularmente alto ni especialmente inviable. Si ello no sucedía, esto respondía primordialmente a la ausencia de “voluntad política” de los gobiernos. Luego de la década de los ochenta y a la vista de los resultados, esta visión perdió crecientemente legitimidad y credibilidad. La noción vaga y polisémica de “voluntad política” explica en parte la pérdida de interés en esta perspectiva. La incapacidad de modificar las matrices distributivas de los países en un sentido progresivo agrega razones para entender la desaparición de estas ideas de la agenda. Sumado a ello, la evidencia empírica indicaba para algunos analistas que la política poseía poco o ningún efecto sobre la capacidad de las naciones de enfrentar efectivamente el problema de la pobreza. Pfefferman argumento que el Chile dictatorial y la Costa Rica democrática presentaron similares y efectivos programas de alivio social bajo regímenes políticos diametralmente opuestos. Más allá de la polémica que tal afirmación resulte, es claro que el debate en torno al problema de la pobreza se movió, a fines de la década de los setenta, y durante la década de los ochenta desde la noción de la “voluntad política” y desde la visión que abogaba por la modificación de las matrices distributivas al terreno más aséptico de la adecuación técnico-económica de las políticas públicas.
La tesis central y consensual hoy día, plantea que el crecimiento económico es el medio fundamental para atacar el problema de la pobreza e impulsar el desarrollo social (Field, 1990; Pfefferman, 1991: Berry 1992; Firebaugh y Beck 1994). Versiones que complejizan este argumento se detienen en el problema del tipo de modelo de crecimiento, los escritos en el tema defienden el rol de las políticas sociales en el combate a la pobreza en América Latina. Se propone en este sentido, incrementar la inversión en capital humano (educación básica y salud), focalizar el gasto a sectores en extrema pobreza y limitar o suprimir las transferencias monetarias universales o cuasi-universales por su carácter poco progresivo y su alto costo fiscal (Pfefferman, 1991; Irarrázaval, 1994; Banco Mundial, 1993). En suma, estos autores ven el problema de la pobreza, como una cuestión de carácter eminentemente técnico; adecuadas políticas económicas e instrumentos de alivio social bien seleccionados constituyen en esta perspectiva, los pilares de la estrategia del combate a la pobreza y la mejor apuesta al desarrollo social. Existen méritos innegables y bienvenidas en esta perspectiva.
En primer lugar, existe suficiente evidencia indicando que el nivel de desarrollo económico es un predictor poderoso de los niveles de desarrollo social y pobreza.
También existe claro apoyo empírico para la tesis que afirma que las crisis y los periodos recesivos conllevan casi siempre aumentos en la proporción de personas en situación de pobreza. Finalmente, este consenso académico y político ayuda a inhibir medidas populistas aparentemente redistributivas, pero económicamente inviables, con sus consiguientes efectos negativos sobre la salud económica y el bienestar general de la población.
Esta tesis no solamente presenta razonables soportes empíricos. A nivel teórico es relativamente simple ver como el crecimiento económico tiende a favorecer el desarrollo social y a disminuir la incidencia de la pobreza. El incremento de recursos y actividades en una economía dada se traduce en incremento de oportunidades de empleo y bajo ciertas condiciones esta demanda incremental tiende a traducirse también en un aumento salarial promedial. Asimismo, el incremento en las tasas de actividad tiende a favorecer el fisco nacional, incrementando los recursos que potencialmente pueden destinarse a programas sociales. Finalmente, en contextos de crecimiento, las luchas distributivas tienden a incrementarse. Es por ello entre otras razones, que Morley cree encontrar en América Latina un incremento de la desigualdad en contextos recesivos y un movimiento igualador en contextos expansivos.
Más allá del mérito de estas afirmaciones, las mismas no deberían constituir mayor novedad. Ciertamente uno esperaría que la población en general se beneficie en periodos de incremento de la riqueza nacional y vea deteriorarse su calidad de vida en contextos recesivos. Es necesario, sin embargo, establecer dos puntualizaciones. La primera actora la validez del enunciado simple (i. e. el crecimiento económico favorece a los sectores pobres agregando la cláusula “en la medida que el sistema distributivo no se modifique o lo haga en un sentido progresivo”[4]. La segunda, abre preguntas adicionales, aun considerando correcto el enunciado en su forma básica ¿Cuánto favorece el crecimiento a los pobres?, ¿Cuánto castigan las crisis y los periodos recesivos a los pobres? ¿Existen variaciones entre y al interior de los países? Si fuera así ¿Por qué?
En este capítulo argumentaremos:
a) Que el freno al desarrollo social regional no puede interpretarse solamente a partir de la crisis económica, sino también, a partir del efecto distributivo-social de las estrategias concretas para enfrentar dicha crisis y a partir del impacto del nuevo modelo de desarrollo sobre el empleo y la distribución del ingreso. En otras palabras, los niveles de pobreza y desigualdad se incrementaron promedialmente para la región en el tiempo, por crisis económica y por modificaciones generales en las matrices distributivas de las naciones[5].
b) Más allá del efecto promedial o agregado del nuevo modelo económico (NME) en la región existen importantes variaciones entre países. Creemos, en este sentido, que parte de la respuesta para entender las variaciones en el desarrollo social en la región entre país y país debe buscarse en factores políticos referidos a los problemas de ciudadanía, incorporación y poder políticos de diferentes sectores y estratos de población[6]. Ellos contribuyen a explicar porque el impacto y la distribución de los beneficios del crecimiento y de los costos de las crisis varían en forma importante entre países.
En suma, más allá de los méritos anotados en estos consejos[7], los mismos prestan poca atención al impacto distributivo del nuevo modelo de desarrollo y a los problemas de poder, y de la política e influenciar la forma en que costos y beneficios del desempeño económico se distribuyen en la sociedad. Pecan en definitiva del voluntarismo que le criticaban a las visiones anteriores. Cuando si, consideran variables políticas, las identifican principalmente en tanto obstáculos exógenos para la implementación de buenas políticas, y no en tanto límites y recursos endógenos que deben ser considerados y pueden ser invertidos a la hora de impulsar el desarrollo social de las naciones. No debe extrañar entonces que estos autores rara vez se pregunten sobre la importancia que los regímenes políticos tienen sobre el desarrollo social, o que cuando lo hagan tiendan a encontrar que no existe relación alguna. Tampoco sorprende que enfaticen la necesidad de insularidad estatal, observen con sospecha los grupos organizados de presión y teman a los ciclos electorales. Cabe anotar que muchos de estos autores no silencian los errores en políticas económicas de corte innecesariamente regresivo. Pero en ningún momento se preguntan si estos errores respondieron a matrices de poder político y social determinadas. En definitiva, la apuesta fundamental de esta perspectiva es al aprendizaje y uso de “fórmulas adecuadas” para el crecimiento económico y a una redistribución marginal de los beneficios de este a través de un nuevo modelo de políticas sociales.
Ahora bien, ¿Por qué esta desconfianza respecto a la política? Muchos autores poseen suficientes razones para ello. Los desastres populistas de Argentina, Brasil y Perú en los ’80, la corrupción y el rentismo de las clases empresariales y políticas criadas bajo el modelo sustitutivo de importaciones, la irracionalidad agregada del juego democrático de la región en numerosas ocasiones y los diferenciales de poder urbano-rural y sus efectos distributivos, son tan solo los aspectos más salientes que justifican una actitud precavida respecto al rol que pueda jugar la política, los grupos organizados y los políticos en mejorar el bienestar de los sectores populares y en mostrar responsabilidad en el manejo de los asuntos económicos. Aun aceptando estas advertencias, este capítulo busca sugerir que los modelos de desarrollo y ciertas variables políticas poseen un efecto importante sobre el desarrollo social al especificar la relación entre crecimiento económico y mejoras sociales.
El Nuevo Modelo Económico y sus efectos distributivos.
Dicho esto, consideremos un primer problema: los niveles de pobreza de América Latina se incrementaron en términos promediales, y lo hicieron en mayor medida que el deterioro económico. En efecto, entre 1980 y 1993, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita permaneció casi estancado, en tanto los niveles absolutos de pobreza se incrementaron. La explicación tentativa que se ensaya aquí se basa en algunas características centrales de NME y sus efectos sobre un conjunto de variables económicas y sociales, en el corto y mediano plazo.
El NME puede caracterizarse en sus dos etapas de ajuste y transformación estructural por una serie de medidas claves que persiguen objetivos concretos: liberación comercial, ajuste y reforma fiscal, reforma del mercado laboral, incremento de flujos financieros externos por reforma del mercado de capitales y desregulación del sistema financiero[8]. Podemos preguntarnos cual es el efecto de estas medidas sobre un conjunto de variables que a su vez afectarían niveles absolutos de pobreza y desigualdad[9]. Nos detendremos solo en algunas de estas reformas y su impacto sobre el empleo, salarios, salarios mínimos e inflación.
La liberalización del comercio exterior favorece en el largo plazo, de acuerdo con la perspectiva neoclásica, la competitividad y productividad nacional, favoreciendo así el bienestar general de la población. Sin embargo, en el corto plazo dado una caída en la tasa de cambio que acompaña los procesos de apertura externa, afectara negativamente salarios y empleos. En el mediano plazo, la evidencia indica, que la caída del empleo en sectores de bienes no transables y dependientes de bienes importados será mayor, que los incrementos del pueblo en el sector exportador. Finalmente, el largo plazo, se convierte en un muy largo plazo, si consideramos que los bienes de exportación con ventajas comparativas son en buena parte de estos países dependientes de recursos naturales y menos dependientes de alta demanda de mano de obra (y menos aún mano de obra calificada).
El efecto inmediato y al mediano plazo de flexibilizar el mercado de empleo en contextos de ajuste y/o alta competitividad tiende a reducir el empleo al facilitar el despido, y los salarios tiende a minimizar o dejar de lado el uso de salarios mínimos y pautas salariales sectoriales.
El ingreso de capital extranjero favorece la inversión y en la medida que no sea meramente especulativa, favorece también los salarios y los empleos, así como el control de la inflación. El ajuste y la reforma fiscal también favorece en el largo plazo el empleo y los salarios al disminuir la inflación e incrementar la inversión privada. Ello es nuevamente en el largo plazo. En el corto y mediano plazo, la reforma fiscal significa menos empleo estatal y menos inversión pública y límites fiscales a los programas de protección social, y en algunos casos mayor carga impositiva (rara vez distribuida en forma progresiva). Sin embargo, si la reforma fiscal posee impactos relativamente claros en la inflación, y dado el efecto altamente regresivo de la misma, ello puede favorecer los ingresos de la población trabajadora de menores ingresos. Estas variables intermedias, a su vez afectan la pobreza, la participación del ingreso de los diferentes estratos de población y la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini) en formas relativamente claras. Un modelo causal complejo puede entonces proponerse:
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Salario Real |
Desempleo |
Inflación |
Salario mínimo |
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Liberalización del Comercio Exterior |
Caída |
Incremento |
Incremento |
Caída |
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Reforma fiscal |
Caída |
Incremento |
Caída |
Mejora |
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Reforma mercado laborar |
Caída |
Incremento |
Neutro |
Caída |
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Flujos de capital |
Mejora |
Caída |
Caída |
Neutro |
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Efectos agregados esperables |
Caída |
Incremento |
Caída |
Caída |
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Ello, produce a su vez los siguientes efectos: | ||||
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Ingreso del 10% más pobre |
Ingreso del 25% más pobre |
Coeficiente de Gini |
Pobreza |
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Caída del salario real |
Disminuye |
Disminuye |
Incrementa |
Aumenta |
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Aumento desocupación |
Disminuye |
Disminuye |
Incrementa |
Aumenta |
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Disminución de la inflación |
Aumenta |
Aumenta |
Desciende |
Desciende |
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Caída del salario mínimo |
Disminuye |
Neutro o disminuye |
Incrementa |
aumenta |
Ahora bien, si el NME sumado a la crisis económica que atravesó la región permite explicar el incremento promedial de la pobreza regional, esta hipótesis nos permite avanzar poco, sobre las variaciones entre los países tanto al inicio del periodo como en su posterior evolución. ¿Por qué países como Uruguay, Chile y Costa Rica lograron niveles relativamente altos de desarrollo social al cerrarse la década de los setenta en tanto México y Brasil con similares y más altos niveles de desarrollo económico corrieron peor suerte?
Pobreza, modelos de desarrollo y régimen político.
Consideramos entonces este segundo problema con detenimiento. En 1970 para la región la correlación entre el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y pobreza tenían una relación sin embargo esta relación no es en Ciencias Sociales un hallazgo meno, pero deja una parte de la varianza de nuestra variable dependiente sin explicar. Si contáramos con datos adecuados para trabajar con regresiones múltiples sería posible agregar variables que contribuyan a incrementar la varianza explicada. tal no es el caso. Contamos sin embargo con la posibilidad de agrupar nuestros casos de acuerdo con su posición y distancia respecto a la curva de regresión. Sintéticamente los países pueden presentar una situación de equilibrio, de déficit social o de superávit social. Una vez agrupados los países de esta manera podemos preguntarnos si existen algunas características políticas, sociales o económicas de estos países que cavarían en forma consistente de estos países que cavarían en forma consistente con la posición, equilibrio o superávit social.
Existen tres países con una clara situación de superávit social: Chile, Uruguay y Costa Rica. En una clara situación de déficit social se encuentran Brasil, Perú, honduras y Venezuela. ¿existen factores variables que permitan explicar estos diferentes agrupamientos?
Para responder a este problema, debemos establecer un marco primario de análisis. A partir de 1930 y con diverso grado de profundidad la región modifico su modelo de desarrollo desde uno orientado primariamente a la exportación de productos primarios e importación de bienes de consumo, a lo que se conoció más tardíamente como el modelo sustitutivo de importaciones. A partir de 1970 este modelo a su vez dio paso – también a diferentes ritmos – al nuevo modelo exportados al que hemos hecho referencia a lo largo de este trabajo. Por lo tanto, es entre 1930 y 19710 que, a grandes pinceladas, buscaremos factores explicativos para las situaciones de déficit, superávit o equilibrio de nuestros casos en 1970.
Un primer elemento por considerar refiere a la intensidad y extensión con que los diferentes países desarrollaron sus modelos sustitutivos de importaciones, lo cual es consistente con la primera hipótesis planteada referida a modelos de crecimiento y matrices distributivas. Existen una serie de elementos teóricos que apoyarían esta hipótesis. La lógica de este argumento se apoya en la nación de que allí donde el modelo sustitutivo de importaciones fue más lejos de la distribución de los beneficios del crecimiento fue más igualitaria. Donde este modelo fue más lejos podemos esperar un mayor desarrollo industrial orientado al consumo interno, una mayor protección del estado de las fluctuaciones y competencia internacional. Podemos también hipotetizar un mayor nivel de urbanización, un mayor grado de sindicalización y un mayor desarrollo de los servicios del estado en genera. Lo que es más importante, y tal vez, y consistente con lo que la crítica neoliberal señala, estos modelos se apoyaron fiscalmente en una redistribución desde las elites agrarias exportadoras hacia la industria protegida y hacia las arcas estatales. Más allá de debatir los méritos “económicos” de este modelo resulta claro que dicha redistribución debería poseer un efecto, aunque sea marginal progresivo. Por más promisoria que tal hipótesis parezca, su performance para nuestros casos es solo parcialmente satisfactoria. Hacia 1970 los países que más lejos habían llegado en el modelo eran Argentina, Chile, México, Brasil Uruguay y en menor medida Venezuela. La intensidad y extensión del desarrollo del MSI parece adecuarse correctamente a los casos de Uruguay y en menor medida Chile y Argentina, pero se encuentra con problemas al enfrentarse al caso de México y muy especialmente al de Brasil y Venezuela. Uno podría afirmar que no debe pedirse tanta precisión a la capacidad predictiva de esta gruesa hipótesis y defenderla señalando que al menos predice en forma adecuada que todos los países presentan situaciones de superávit o equilibrio social con tan solo dos casos desviados – Brasil (levemente) y Venezuela (claramente). Asimismo, prácticamente todos los casos de déficit social, con casos de déficit social, son casos de bajo desarrollo del MSI. Esta hipótesis se encuentra con un problema serio en el caso de Costa Rica. En este país el modelo sustitutivo de importaciones fue comparativamente débil, sin embargo, presenta al mayor superávit de importaciones fue comparativamente débil, sin embargo, presenta al mayor superávit social luego de Uruguay.
Una crítica y especificación que se le puede realizar a esta hipótesis es que asume que el modelo de desarrollo (por ejemplo, el MSI afecta un conjunto de variables intermedias, ie., gasto o tamaño del estado) que a su vez afectaría en forma positiva la distribución de los beneficios del crecimiento.
Ello es un problema empírico y debe ser evaluado como tal. Si bien, existe evidencia parcial sobre los efectos del NME como hemos expuesto en el punto anterior, ello es más discutible para el MSI. Una posible aproximación parcial a este problema buscaría evaluar si la relación entre las variables intermedias – o algunas de ellas – y nuestra variable dependiente se verifica empíricamente. La respuesta, en lo que refiere al problema del tamaño del estado[10] es un enfático no. Chile en 1970 presenta niveles de recaudación y gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) relativamente altos (entre 19% - 30% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual apoyaría la hipótesis. Sin embargo, tanto o más altos son los niveles de Perú y Venezuela (entre 17% - 30%); dos países en situación de déficit social. Niveles medio del gasto como los de Costa Rica y Uruguay (13 – 16%) presentan situación clara de superávit social. Por su parte los niveles de gasto y recaudación para Argentina son particularmente bajos (7 – 10%) en tanto es un caso de equilibrio. Honduras presenta niveles medio (12 – 15%) con un claro déficit social. Una posible respuesta a este problema puede encontrarse en el problema de las lógicas políticas que afectan el contenido distributivo de la recaudación y el gasto social. Si el sistema impositivo es particularmente regresivo y el gasto se orienta, por ejemplo, al área de defensa antes que las áreas sociales, poco importa el tamaño de la recaudación y el gasto estatal.
Ello nos lleva de lleno al problema político como variable explicativa adicional. Un elemento central por considerar refiere a la predominancia de diferentes regímenes políticos entre 1930, 19340 y 1970.ahora bien, una simple discriminación dicotómica entre regímenes políticos del tipo autoritarismo/democracia oscurece los importantes matrices y variaciones que predominaron en América Latina. Proponemos en este sentido ampliar el menú clasificatorio siguiendo a algunos de los autores principales que han lidiado con este problema y que introducen variables adicionales a las de régimen en un sentido puro[11]. Una primera distinción se vincula al problema de democracias restringidas se caracterizaron en la región por presentar (o haber presentado) obstáculos formarles a la participación electoral o por sistemas políticos con dominio de partidos de elites clientelistas en sistemas bipartidistas y con acuerdo que limitan tanto la competencia interpartidaria como la agenda temática a debatir en términos populares. Las democracias plenas por su parte presentan un grado relativamente alto de competencia electoral, rangos ideológicos y programáticos más amplios, y un alto grado de institucionalización partidaria. Esta distinción nos permite discriminar entre democracias plenas como Uruguay, Chile y Costa Rica, de Venezuela y Colombia (democracias restringidas). Una tercera categoría para régimen político puede definirse grosso modo como el modelo populista corporativo. Aquí se encuentran países cuyos legados históricos y políticos se encuentran en la incorporación popular a través de partidos de masas que cooptaron en forma corporativa al movimiento sindical y articularon partido, estado y corporaciones en un sistema en donde los intercambios distributivos se vincularon más a lógicas corporativo-estatales que a disputas electorales y conflictos del capital y el trabajo de tipo corporativo societal. Bajo esta categoría se encuentran Perú, Brasil, México y Argentina. Finalmente tenemos los casos de dictaduras o de débiles e inestables intentos democráticos. Aquí se agrupan casos como los de Honduras, Guatemala, Paraguay y Nicaragua.
La capacidad predictiva de régimen entendido en este sentido es notoriamente superior a las hipótesis anteriores. En primer lugar, es la única hipótesis que predice en forma exhaustiva y excluyente los casos de superávit social (Uruguay, Costa Rica y Chile). En segunda instancia predice en forma razonable el equilibrio y déficit de los populismos corporativos. Si le sumamos a estos la fuerza y extensión incorporada de los periodos populistas y sus correlatos organizacionales en la fuerza de trabajo permite también adelantar casos de relativo equilibrio (Argentina y México) de casos de déficit social (Perú y Brasil). En donde esta hipótesis falla es en los casos de democracias de baja intensidad. En tanto predice en forma correcta que estas no se encontraran en situación de superávit social, no explica la importante diferencia entre Colombia y Venezuela. El caso que claramente no se ajusta qui es Venezuela con un déficit extremo. Finalmente, los casos autoritarios se ajustan a lo esperable con situación de déficit (ello es cierto para Honduras, y también para Guatemala en otros años para los que se tiene información 1980/1986).
Pobreza, ciclos económicos y régimen político.
Existen sin duda elementos adicionales, así como contribuciones de las hipótesis anteriores que aportarían a una mejor comprensión de los fenómenos de superávit y déficit social de los países. Sin embargo, importa anotar que la capacidad explicativa de régimen político, al menos en el largo plazo es notoriamente superior a lo que cabría esperar dados los aportes recientes sobre el tema. Cabe preguntarse si este hallazgo es reproducible al aplicarlo a periodos más recientes y acotados: a saber, el periodo en el cual se define el modelo de desarrollo entre 1970 y 1992. La pregunta pertinente metodológica y teóricamente.
Metodológicamente, cabe esperar que, si en el largo plazo la relación existe, la misma debería sostenerse en periodos más acotados. De no ser ello así, la relación bien puede ser espuria, debiendo orientarnos a la búsqueda de factores que en el largo plazo hace covariar régimen con superávit/déficit social, pero no en el corto plazo. Teóricamente la pregunta es pertinente, porque puede argumentarse, que si bien la relación se sostiene en periodos donde el estado jugo (y pudo jugar) un rol distributivo central (el MSI), ello no es cierto en el nuevo contexto internacional y bajo el nuevo modelo de desarrollo (el NME)[12]. Para evaluar este punto, debemos considerar la evolución del déficit y superávit social de los países entre 1970 y 1992 y ver como este se vincula con el tipo de régimen político.
Antes de ingresar en este punto cabe realizar dos puntualizaciones. La primera de corte metodológico donde se presentan las desviaciones de la recta de regresión para todos los casos (año y país) por lo cual difiere levemente de los resultados presentados para 1970 en donde los resultados se computaron solamente para la regresión para ese año (los órdenes de rango no se modifican). La segunda aclaración es de corte teórico. Para el mejor y más sofisticado exponente de una posición eminentemente economicista del problema de la pobreza (Morley, 1994), la evolución de esta se encuentra afectada no solamente por el nivel de desarrollo económico. En otras palabras, el argumento es que en periodos de bonanza los sectores populares recogen beneficios en menor grado que los costos que pagan en contextos de crisis o recesión. O dicho más claro, simplemente periodos de crecimiento que permiten mejorar la matriz distributiva en tanto recesiones y crisis aumentan la regresividad del sistema. Este tipo de argumento no rivaliza necesariamente con una hipótesis anclada en factores políticos. Mi critica o argumento complementario es que, si bien los ciclos económicos ayudan a explicar variación en la evolución de la pobreza, esta evolución se halla codeterminada y en algunos casos sobredeterminada por factores políticos. Que regímenes y que matrices de poder político administran contextos de crecimiento o crisis tendrá, de acuerdo con mi hipótesis, un efecto importante en la distribución de costos y beneficios de los ciclos económicos. En los párrafos que siguen y en la discusión de la evidencia que se presenta a continuación buscaremos considerar y evaluar los méritos respectivos de estas hipótesis.
Como se anotaba anteriormente el caso chileno es el más dramático y claro. Chile entre 1970 y 1987 presenta un deterioro radical de su performance social, lo cual lo lleva de una situación de superávit social a una de déficit social. Entre 1987 y 1990 su déficit social se mantiene estable, para disminuir en forma importante a partir de 1990, llevándolo a una situación de equilibrio. El caso chileno se ajusta en forma inmejorable a la hipótesis que enfatiza la variable régimen político. Entre 1973 y 1985 Chile tránsito por una de las dictaduras más excluyentes de la región. A partir de mediados de la década de los ’80, Chile ingresa en un proceso transicional con importantes componentes de liberalización y de cara a una consulta electoral plebiscitaria. A partir de 1990, Chile retorna al pleno juego democrático. Aun considerando los ciclos económicos, régimen político como variable explicativa presenta una capacidad predictiva importante. Entre 1973 y 1982 Chile atravesó por un importante periodo de crecimiento económico.
Este crecimiento o bien tuvo nulo impacto sobre las condiciones sociales o bien fue fagocitado por un contexto de crisis al punto de invertir la posición del país en materia de déficit y superávit social.
Uruguay también se ajusta a la hipótesis planteada, aunque con variaciones notoriamente más graduales; entre 1970 y 1981 disminuye su superávit social, continua la tendencia, aunque en forma menos marcada entre 1981 y 1986 para empezar a recuperar su superávit social a partir de 1986. Entre 1973 y 1981, el país se encontraba bajo un régimen dictatorial. El periodo transicional se inicia entre 1980 y 1981, y el retorno a la democracia se alcanza en 1985. En este caso el problema de los ciclos económicos posee menos credibilidad aún. Entre 1973 y 1981 el crecimiento económico fue importante; sin embargo, el superávit social disminuyo. Entre 1982 y 1985 el país atravesó la crisis de la deuda externa; a pesar de ello el deterioro social relativo se moderó. Finalmente, entre 1985 y 1996, Uruguay ha debido enfrentar numerosas mini recesiones y tasas de crecimiento nada espectaculares; el superávit social mantuvo durante este periodo una recuperación continua e importante. Tanto Chile como Uruguay muestran en promedio, deterioros en su performance social entre 1970 y 1990 aunque ello es mucho más marcado para Chile. La otra democracia plena en 1970 era Costa Rica. Este país no escapa a la tendencia al deterioro para el período, pero lo hace de una forma hipergradualista lo cual es consistente con la ausencia de quiebres dictatoriales.
Los países de democracias restringidas presentan, asimismo, una lógica propia. Venezuela y Colombia muestran en contextos de bonanza una distribución de los beneficios progresiva, en tanto en periodos de ajuste y crisis a la distribución de los costos es particularmente regresiva. Ellos son consistentes con sistemas de incorporación política democrática de baja intensidad. En tanto el juego electoral y las libertades formales permiten en contextos expansivos una progresiva distribución de beneficios, las elites y el sistema político son capaces de cerrar los canales políticos en lo relativo al problema distributivo en contextos recesivos o de ajuste.
Contamos con tres regímenes de legado populista que atravesaron diferentes sistemas políticos formales durante este periodo. En tanto México permaneció dentro del formato populista, Brasil y Argentina conocieron experiencias dictatoriales y democráticas. El caso brasilero se desvía claramente de la hipótesis planteada. Entre 1970 y 1979 Brasil se encontraba en una dictadura, sin embargo, este país fue capaz de disminuir su déficit social en el mismo periodo. Al mismo tiempo luego del retorno a la democracia Brasil incrementa su déficit social. Una posible explicación para esta anomalía nos retorna a la hipótesis referida al desarrollo del MSI. La dictadura brasilera a diferencia de sus pares en el cono sur no aplico la receta de reforma monetarista, sino que profundizo el MSI. Debe reconocerse sin embargo que esta es una hipótesis ad-hoc para la cual carecemos de explicaciones que vinculen régimen político, políticas públicas y performance social.
Argentina, por su parte, responde mejor a una hipótesis anclada en variables de tipo político. Entre 1976 y 1982 Argentina atravesó por una de sus más represivas y sangrientas dictaduras. Entre 1970 y 1980 este país se mueve desde una situación de equilibrio con tendencia al superávit social a una clara situación de equilibrio cercana a cero. Con la apertura democrática y aun lidiando con su legado populista, y con una profunda crisis económica sobre fines de los ochenta, Argentina logra retornar a sus niveles históricos de superávit social. Ello no significa que la pobreza no aumento; cabe aclarar una vez más. Implica, si afirmar que en términos comparativos a la región la relación entre nivel económico y desarrollo social no se deterioró.
México es tal vez el caso prototípico de corporativismo administrando el fin de un modelo de desarrollo y la transición a un nuevo modelo de acumulación. Este país pasa de una situación de equilibrio social a déficit social, con un claro deterioro entre 1970 y 1989, y una leve (muy leve) mejora en contexto de bonanza entre 1989 y 1992.
Régimen político parece pues, ser un importante criterio para entender las variaciones en términos de déficit y superávit social para aquello países que en 1970 pueden ser considerados como democracias plenas. Ello es consistente. Régimen tendrá un impacto más claro, allí donde la democracia avanza en forma real sobre el problema distributivo, sea ello en un contexto de bonanza económica o en un contexto recesivo. El cierre de los canales democráticos tendrá en tales casos, un fuerte impacto regresivo. La distribución de costos y beneficios no puede entenderse sin tomar en consideración los ciclos económicos para los casos de democracias restringidas o de baja intensidad. Allí, los ciclos económicos interactúan con régimen político, permitiendo progresividad en contextos de crecimiento, pero imponiendo regresividad en contextos de crisis y ajuste. Finalmente, los regímenes populistas, cuyo ejemplo más claro y puro es México, presenta una continua distribución regresiva de los costos transicionales y de los beneficios del crecimiento, aunque lo hacen en forma más gradualista que los regímenes dictatoriales.
En suma, régimen político, en el sentido amplio aquí discutido, es relevante no solo en el largo plazo y bajo el periodo sustitutivo de importaciones, sino también en el corto y mediano plazo, en un contexto transicional en materia de modelos de desarrollo, y una vez colocados en el nuevo modelo de crecimiento.
Reabriendo la agenda.
El dilema entre sistema político y performance económica ha constituida una vieja tradición de las Ciencias Sociales y ha adquirido nuevos ímpetus en la última década y media. La relación entre crecimiento económico y mejoras sociales ha sido también un tópico reiterado del análisis social y ha estado en el centro del debate desde la década del setenta. El primer debate persiste abierto. El segundo parece encontrarse cerrado. El crecimiento económico favorece la mejora del bienestar de los sectores populares. Creemos haber sugerido, aunque tentativamente la necesidad de aun aceptando los elementos de verdad de dicho enunciado, incursionar en hipótesis complementarias, correctivas y adicionales. De entre ellas algunas de las más prometedoras refieren al impacto de los modelos de desarrollo sobre las matrices distributivas nacionales y a la forma en que sistema y variables políticas especifican la relación entre crecimiento económico y desarrollo social. Tal fue la tarea central de esta sección. La tarea fue necesariamente tentativa y acotada. Los hallazgos son, sin embargo, promisorios. Un sinnúmero de preguntas queda abierto y deberán ser tratadas en el futuro.
¿Existe un trade-off entre crecimiento y redistribución? Si así fuere el rol de las variables políticas en especificar la relación entre crecimiento económico y pobreza, debe ser evaluado frente al rol que el sistema político posee en enlentecer dicho crecimiento económico. Imaginemos que en cinco años un país disminuye su pobreza em un 20% en tanto otro lo hace en 10%. Supongamos ahora que el 20% del primer país se deriva de un 30% de mejora en el ingreso total nacional menos un 10% de incremento en la regresividad de la matriz distributiva. Supongamos que el segundo país recibe un 5% de la mejora por crecimiento económico y el 5% restante debido a una mayor progresividad en su distribución del ingreso. Aceptemos, con ello, que las diferentes combinaciones responden a la influencia de diferentes formatos de agregación política (i.e. autoritario el primero, democrático el segundo) que afectan la distribución de los beneficios del crecimiento. Ahora bien, si estas variables políticas también son la causa de las diferentes tasas de crecimiento económico, la deseabilidad y lecciones a considerar, para un mejor desarrollo social se vuelven menos claras que lo que mi documento sugiere.
¿las variables políticas especifican en direccionalidad consistente la distribución de los beneficios sociales del desarrollo económico? Considérese que hemos trabajado detalladamente solo con el indicador de pobreza medida por ingresos. Una mera revisión de la evolución de la mortalidad infantil en la continente muestra hallazgos peculiares. En tanto Chile deteriora su performance social en materia de pobreza durante el periodo autoritario, es el país modelo en materia de mejora en indicadores relativos a la mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer. Se puede apelar para explicar esta anomalía a las inversiones pasadas en infraestructura y salud. Sin embargo, las tasas de inversión pasadas de otros países resultaron iguales o más altas, sin el efecto retardado positivo de la magnitud del caso chileno. Otra explicación complementaria diferencia entre áreas blandas y duras del desarrollo social. Aquellas áreas que lidian directamente con la distribución de beneficios monetarios son más duras y se encuentran más claramente determinadas por el acceso o no de los sectores populares a las pujas distributivas. Aquellas áreas que refieren más a servicios e infraestructura, con costos redistributivos más bajos, y efectos claros, son más blandas políticamente y se relacionan más a las capacidades burocráticas de implementación de los estados. Las variables políticas que especifican una y otra dimensión social del desarrollo son pues diferentes, incorporación política en un caso, capacidades administrativas y burocráticas en el segundo.
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[1] Para una descripción pormenorizada de las transformaciones hasta 1989 véase Williamson (1990, págs. 353 – 427). Algunos de los cambios anotados en forma general para la región se iniciaron en algunos países con anterioridad a la crisis de la deuda. Especialmente Chile, Uruguay y Argentina experimentan con reformas arancelarias, liberalización del mercado financiero, y de búsqueda de competitividad de la tasa de cambio desde 1973. Para una excelente discusión pormenorizada de las mismas y de sus efectos hasta 1982.
[2] La presentación de los valores de las políticas públicas y de sus logros merece algunas aclaraciones. Los casos de Argentina, Perú y Brasil se desvían hasta 1989 de los valores esperables debido a la implementación de programas de ajustes heterodoxos, que fracasaron y dieron paso a inicios de los noventa a programas de tercera generación ortodoxos. Asimismo, otro punto de importancia que el cuadro no capta se refiere a las tendencias recientes en lo relativo a las tasas de cambio, los países de la región asisten a una creciente, aunque lenta, apreciación de la tasa de cambio. Con ello se pierde parte de la competitividad lograda durante la década en términos exportadores, y ello se refleja en los crecientes déficit de las balanzas comerciales (México, Uruguay, Argentina).
[3] Ello podría deberse a que resulta notoriamente más difícil lograr cambios positivos en estos indicadores luego ciertos niveles de mejora. Sin embargo, la mayor parte de los países latinoamericanos se encuentra lejos de llegar a los niveles en que la curva de mejora empieza a convertirse en una asíntota. Por otra parte, debe considerarse, también, que estos dos indicadores poseen una naturaleza fuertemente inercial. En otras palabras, su comportamiento depende muchas veces de inversiones pasadas en infraestructura y personal, de modificación de pautas sanitarias y de procesos de transición demográfica difícilmente modificables por crisis económicas.
[4] Para una discusión incisiva de los debates actuales y pasados sobre los problemas de crecimiento, desigualdad y pobreza véase Williamson, Jeffrey (1991).
[5] Con ello no queremos decir que los niveles de pobreza u otros aspectos del desarrollo social hubiera evolucionado mejor de haberse producido estas reformas. Dado el agotamiento del modelo anterior, el efecto de inacción hubiera sido, muy posiblemente, más catastrófico aún. Ello no debe inhibir el reconocimiento de los efectos sociales que nuevo modelo tiende a generar, y que son notoriamente diferentes a los que el modelo anterior, en sus épocas de buena salud, generaba.
[6] Para dos respuestas a Pfefferman (1991) que sugieren la importancia de los factores políticos en el desempeño social de los países.
[7] El segundo aspecto del consenso respecto al combate de la pobreza (adecuadas políticas sociales) presenta también aspectos positivos. El mismo posee el mérito de reivindicar esfuerzos redistributivos en materia de transferencias. La exigencia de invertir en servicios que beneficien a los sectores más desfavorecidos resulta una saludable orientación, dada la naturaleza corporativa y estratificada que domino buena parte de los sistemas de prestación social en la región. Nótese, en cualquier caso, que el esfuerzo se orienta a mejorar la progresividad de los sistemas de transferencia, no así la distribución primaria de la renta nacional y menos soluciones, tienden a oponerse a medidas que “artificialmente” procuren modificar la matriz distributiva este tipo de programas focalizados. Por su propia naturaleza la clientela que se beneficia de estos programas posee poco o nulo poder político. Políticas sociales más universales, si bien favorecen a sectores no pobres, también los incorporan en tanto agentes políticos que pueden defender estos programas en contextos de corte o ajuste del gasto público.
[8] Para una discusión detallada y ampliada de las reformas económicas véase Williamson, ed;1990 y Filgueiras, F. Ed. 1995.
[9] Este punto y mucho de lo que sigue se basa en Bulmer-Thomas, ed. 1996.
[10] La información sobre recaudación y gasto estatal se encuentra en Cheibub 1990.
[11] La clasificación que sigue se apoya en tres textos centrales: Cavarozzi (1994), Rueschemeyer, Stephens & Stephens (1992) y Collier & Collier (1991). Para América del Sur, con leves variaciones de apoyo. La noción de modelos populistas de incorporación, así como sus matices poseen una clara deuda con la idea de Cavarozzi de “sistemas de partidos eje” en combinación con algunos elementos debatidos por Collier ¬ Collier.
[12] Para una discusión primaria sobre los límites a las políticas públicas en América Latina y el impacto de la internacionalización sobre las propias estructuras decisorias puede verse Ramos, 1993, para una serie de excelentes aportes que procurar avanzar un paradigma para el caso de los países industrializados, véase Frieden & Rogowski (1994), Garrett (1994) y Garrett & Lange (1994).
