3.1 Política de ciencia y
tecnología en el siglo XX mexicano.
Durante
el gobierno cardenista (1934 – 1940) se asignó una importancia central a la
actividad científica y tecnológica, debido a ello el gobierno crearía en 1935 el
Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación (CONESIC), el cual
sería una forma de construir una política de estado en ciencia y tecnología con
el objetivo de fomentar el desarrollo de la actividad científica en el país,
adquiriendo así el gobierno el carácter de promotor oficial de las actividades
de investigación sobre la realidad social y los recursos naturales del
territorio nacional.
La
principal preocupación estuvo centrada en resolver la carencia de
investigaciones en el campo por lo que un primer aspecto de política era formar
el capital humano necesario para la creación de institutos de investigación en
diferentes áreas. Desde el gobierno existía la preocupación por vincular la
investigación con la solución de problemas socioeconómicos.
El
grupo de científicos e intelectuales mexicanos en torno a el Consejo Nacional de
Educación Superior y de la Investigación (CONESIC) sugerían la importancia de
poner en contacto los trabajaos de investigación con las urgencias de la
sociedad, argumento que, desde su perspectiva, se refería más a la idea de
vinculación social que a la de vinculacionismo.
Entre los personajes que conformaron el Consejo Nacional de Educación Superior
y de la Investigación (CONESIC) había profesionistas provenientes de las
ciencias sociales y de las ciencias médicas y biológicas, lo que explica en
gran medida la preocupación social en la que se sustentaban sus planteamientos
respecto a la ciencia y la tecnología.
Esta
tendencia en las concepciones sufrió cambios importantes en la siguiente década
(1940 a 1950), en la que constatamos la desaparición del Consejo Nacional de
Educación Superior y de la Investigación (CONESIC) (1935 – 1938) y la creación
sucesiva de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica
(CICIC) (1942 – 1950) y posteriormente del Instituto Nacional de la
Investigación Científica (INIC) (1950 – 1969), podemos afirmar que estos
organismos fueron los antecesores del actual CONACYT creado en 1969 y que entro
en funciones en 1970.
La
concepción que prevaleció en la creación de la Comisión Impulsora y Coordinación
de la Investigación científica (CICIC), que fue resultado de los planteamientos
elaborados por los profesionistas y científicos que coordinaron las acciones de
este organismo, fue el de orientar sus actividades para conocer los problemas
concernientes a la ingeniería, la minería, el petróleo, la industria química, la
ganadería, la industria forestal, la medicina y la salud, ya que la solución de
estos sectores dependía de la investigación científica. Obedecían también a los
intereses personales de investigación de los vocales de la Comisión Impulsora y
Coordinación de la Investigación científica (CICIC). Las actividades de la
Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC) se
encaminaron fundamentalmente en tres direcciones:
a) En el estímulo a la formación de una infraestructura
humana científica en las instituciones universitarias, particularmente en la
Universidad Nacional a la que pertenecía la mayoría de los vocales de ese
organismo.
b) En el conocimiento de los recursos minerales del
país, tanto en lo que se refiere a su localización y estudio, como en aquellos
que pudiesen interesar a los proveedores de materias primas para la
industria.
c) En los estudios biotécnicos en los campos de la
microbiología, la parasitología y la fisiología general, abordando
investigaciones sobre algunas enfermedades frecuentes entre la población
mexicana y causantes de los principales índices de mortalidad (salmonelosis,
tifus, brucelosis y enfermedades cardiovasculares).
No
obstante, el único logró visible en esta dirección fue el inicio de la
construcción de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), por
los que las actividades de la Comisión Impulsora y Coordinación de la
Investigación científica (CICIC) estuvieron muy alejadas de vincular la
investigación con el desarrollo industrial del país, aun cuando desde su
concepción de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación
científica (CICIC) nació bajo las siguientes premisas:
a) Respecto al impulso a la investigación científica se
insistía en dos directrices: la de fomentarla para el bienestar y el progreso
del pueblo y la de promoverla para la formación de investigadores capaces de
enseñar y guiar a los jóvenes que deseaban iniciarse en la
investigación.
b) Otra de las concepciones era la de vincular la
investigación con objetivos socioeconómicos. En este renglón se consideraba la
importancia de la defensa de los recursos naturales aptos para la agricultura,
así como las investigaciones sobre plantas útiles para la
nutrición.
c) Finalmente se detectaron al menos dos concepciones
respecto a los objetivos de la investigación. La primera manifiesta en las
opiniones que afirmaban que al científico no lo mueve el deseo de mejorar las
condiciones de vida ni el afán de lucro, sino solo la curiosidad científica y
el empeño por descubrir la verdad. La segunda posición, que era compartida por
otros de los vocales, se refiere a la transformación del papel del hombre de
ciencia, al derrumbarse la torre de marfil, es decir, la idea del hombre ciencia
en aislamiento.
En
el periodo comprendido entre 1950 y 1970 impero una política orientada a
asegurar el desarrollo industrial del país y con ello garantizar el crecimiento
económico, siendo decisivo el papel que desempeño el financiamiento extranjero
en este proceso. En 1950, se funda el Instituto Nacional de Investigación
Científica (INIC) que sustituye a la Comisión Impulsora y Coordinación de la
Investigación científica (CICIC) y que en un principio se orientó a las mismas
actividades que aquella.
A
partir de los años sesenta con una nueva ley orgánica en el Instituto Nacional
de Investigación Científica (INIC) esta institución enfatiza las funciones de
intercambio y cooperación internacional, así como la promoción y difusión de la
ciencia mediante diversos incentivos. Un cambio de criterio importante en la
conformación de este organismo fue el incluir a representantes de las industrias
y de otras dependencias del gobierno federal, con el propósito de establecer
vinculación entre las actividades de investigación y los sectores de posible
aplicación.
En
la modificación de la organización del Instituto Nacional de Investigación
Científica (INIC) en 1961 intervino activamente en la comunidad científica
mexicana a través de la Academia Nacional de la Investigación Científica (ahora
Academia Mexicana de Ciencias) que acababa de ser creada en 1959, la cual
formulo la nueva ley del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC)
aprobada por el Congreso de la Unión en 1961.
Desde
este momento surgió una preocupación compartida en que la finalidad de la
ciencia debería ser el desarrollo económico y social, aunque el desarrollo
estaba condicionado por otros factores. La mayoría de los vocales del Instituto
Nacional de Investigación Científica (INIC) se pronunciaban por un desarrollo
tecnológico propio, que debería basarse en adaptaciones tecnológicas y generar
así un proceso para disminuir las importaciones. Sagasti (1977) afirma que la
mayoría de los vocales del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC)
adoptaban una actitud tecnoeconomicista, es decir, consideraban a la ciencia y
especialmente a la tecnología como medio para acelerar el desarrollo
socioeconómico.
A
nivel Latinoamérica, entre los años sesenta y setenta, se gestó un pensamiento
cuyo objetivo era “acoplar la infraestructura científico-tecnológica a la
estructura productiva de la sociedad, es decir, nada debería de estar pensando
fuera de su marco social”.
Con
la creación del CONACYT en 1970 se acentúa un fenómeno que había comenzado a
gestarse desde 1935 y que es el de la participación de los científicos en la
toma de decisiones relaciones con la política de ciencia y tecnología; por lo
que desde su fundación se consideró que era necesario integrar un cuerpo de
funcionarios y de asesores con experiencia en la investigación científica, para
organizar y proponer alternativas hacia la formulación de una política
científica nacional.
Se
establecieron dos mecanismos de participación:
a) El primero a través de la formación de Comités de
Ciencia
b) El segundo por medio de la conformación de Comités
de Consulta Especifica.
Además,
se abrió otro mecanismo de participación mediante la contratación directa y
permanente de científicos para ocupar cargos como funcionarios del
CONACYT.
El
traslado de un número considerable de científicos a funciones
político-administrativas en relación con la actividad científica, represento en
cierta forma, desde entonces, una fuga de cerebros en un país con una
infraestructura científica incipiente. Este fenómeno se agudiza durante el
primer periodo de gestión de CONACYT (1970 – 1976), ya que el personal recién
egresado de estudios de posgrado realizados en el país y en el extranjero es
absorbido por ese organismo, sin cuestionarse que la inversión del país en su
formación no esté siendo retribuida.
Este
fenómeno fue resultado tanto de la presión que ejercieron a fines de los sesenta
los científicos a través de la Academia Nacional de la Investigación Científica,
como el cuerpo de vocales del Instituto Nacional de Investigación Científica
(INIC).
A
medida que avanzan las gestiones llevadas a cabo por el CONACYT crece el
escepticismo de los científicos por la política de ciencia y tecnología. Este
fenómeno acrecentó la posición liberal hacia la ciencia, que fue adquiriendo
características particulares. Los científicos que participaban de esta posición
propugnan principalmente por un mayor financiamiento y apoyo económico a la
actividad de investigación, pero sin intervención del estado en la determinación
de sus objetivos y temáticas. Es decir, propugnaron por una política para la
ciencia y no una política de la ciencia, tal como lo afirmo en su momento
Herrera (1971).
Esto
fue un reflejo del poder que adquirió la comunidad científica en el país, que
logró transformar el prestigio derivado de sus actividades académicas en la
autoridad política y el poder de representación de la comunidad científica. Como
se había dicho más arriba, esto motivo también a una especie de freno a la
orientación de la investigación hacia demandas socioeconómicas, como lo han
argumentado Dagnino y Thomas (1999).
La
adopción de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la liberalización de las
fuerzas del mercado, la apertura de la economía (que alcanzó su máxima expresión
en el proyecto de integración del mercado norteamericano) y la reforma
institucional del estado genero cambios significativos, transformando al estado
de regulador y propietario en un estado de fomento, orientado fundamentalmente a
crear las condiciones para el desarrollo eficiente del sector privado, que a
partir de fines de los años ochenta es considerado reiteradamente en el discurso
gubernamental como el eje del desarrollo.
Las
políticas de ciencia y tecnología experimentan cambios sustanciales en su
concepción. A diferencia de los años setenta y ochenta en que se hizo un énfasis
especial en la creación y la conservación de la infraestructura y la formación
de recursos humanos, los planteamientos durante esta nueva etapa que se
expresaron tanto en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnología
1990 – 1994, formulado durante la administración 1988 – 1994, como en el
Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnología 1995 – 200), se
inscriben en el contexto de un modelo de desarrollo centrado en la
modernización industrial, la apertura comercial y los procesos de globalización
económica, política, social y cultural.
Las
concepciones que influyeron en las políticas de ciencia y tecnología a lo largo
de la década de los noventa fueron las siguientes:
a) Una clara distinción y separación entre las
políticas orientadas a la ciencia y aquellas relacionadas con la tecnología,
estableciéndose una ruptura entre estas actividades.
b) El predominio de criterios de calidad, con base en
normas internacionales.
c) La búsqueda de la excelencia en la formación de
recursos humanos de alto nivel.
d) La asignación de fondos mediante mecanismos de
concurso y competencia.
e) Una vinculación más estrecha de la investigación
básica y el desarrollo tecnológica con el sector
productivo.
f) La reorientación de la demanda de educación superior
hacia disciplinas que requiere el desarrollo del país, particularmente, las
ciencias exactas y las ingenierías.
Sin
embargo, a mediados de los años noventa se observa un tránsito hacia una
concertación organizacional entre la comunidad académica, el estado y el
mercado. Durante los años noventa prevalecerían al menos tres concepciones en
torno a la política de ciencia y tecnología que respondían a cada uno de los
grupos de interés que estaban en juego:
I. El apoyo a la oferta para incrementar la formación
de recursos humanos y el desarrollo de la ciencia básica, en la que seguían
imperando los criterios de la comunidad científica.
II. El apoyo a la demanda, es decir, a las empresas para
generar inversiones en el desarrollo tecnológica, que respondía a los intereses
del sector privado y los grupos que aún en las universidades estaban centrados
en el desarrollo de tecnología.
III. El apoyo a los procesos interactivos entre oferta y
demanda para orientarlos a la solución de problemas, que respondía a grupos de
interés situados en la esfera gubernamental, preocupados por la desconcentración
y descentralización de las actividades científicas y tecnológicas y su
repercusión en el desarrollo regionales y/o local.
La
participación de la comunidad científica en la orientación de las políticas de
ciencia y tecnología ha tendido a ser reducida y limitada al campo meramente
científico; una muestra de ello es la escasa participación que tuvieron los
científicos en el diseño del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2000 –
2025 (PECyT). Esto ha originado la reorganización de los científicos como grupo
de interés, que a través de organismos tales como la Academia Mexicana de
Ciencias o el Foro Consultivo Científico y tecnológico, constituido en el 2002,
han ejercido mecanismos de presión encaminados a recuperar el control en las
orientaciones de las políticas en el campo científico.
Muestra
de ello es su activa participación en el proceso de aprobación de la Ley de
Ciencia y Tecnología y de la Ley del CONACYT en el 2001 y 2002. El Programa
Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) combina la idea de la ciencia como
motor del progreso, con la concepción de solución de los grandes problemas
naciones y como elemento estratégico para la competitividad
internacional
Las concepciones sobre ciencia y tecnología que han
prevalecido en el país desde los años treinta se debaten entre el autogobierno
de la ciencia (predominio de las elites científicas), su importancia como factor
económico de la competitividad de las naciones (privatización del conocimiento)
y su trascendencia para el desarrollo social.
Es
importante hacer notar que estos tres enfoques son sostenidos en México por
diferentes actores que, desde fines de la década de los noventa, se manifiestas
más fuertemente en torno a estas posiciones. Afirmamos que cada uno de los
planes y programas formulados en este campo, han contemplado múltiples
objetivos, instrumentos y mecanismos, derivándose de ellos resultados diversos e
incluso contradictorios, sin llegar a configurar una concepción científica y
tecnológica sobre la importancia de estas actividades para las necesidades de la
sociedad mexicana en proceso de transición.
Las
actitudes y concepciones que han manifestado diversos actores en la formulación
y aprobación de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología, tanto en 1999
como en el 2002, así como en la Ley del CONACYT aprobada en el 2002 y en la
elaboración del mismo Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) en el
200, reflejan la suma de posiciones de diferentes grupos, lejos de generar
consensos o posiciones compartidas sobre las orientaciones de la
política.
Un
punto importante por destacar es que, en los últimos seis años, además de que la
política de ciencia y tecnología ha estado sujeta a las influencias de las
elites científicas y de los cuadros gubernamentales, se ha dado también una
fuerte influencia del Congreso, a través de la Cámara de Diputados y Senadores,
por lo que este sector representa actualmente a un actor decisivo en los
planteamientos a este respecto.
En
la actualidad es interesante hacer notar que las corrientes partidistas en el
Congreso han sostenido diversas posiciones respecto a estos temas.
En este sentido es importante comentar las alianzas que se han establecido entre
la elite científica a través de la AMC y el poder legislativo, en particular
con algunas fuerzas partidarias, particularmente por lo que se refiere a la
asignación del presupuesto federal.
El
proceso de lucha entre grupos de la esfera científica se ha extendido a la
esfera política y partidista, en la que se disputa el poder por la definición de
políticas en torno a los apoyos a las actividades científicas y tecnológicas en
el país. Es decir, en última instancia lo que en el fondo representa, desde
nuestra perspectiva, el debate central en el tema de ciencia, tecnología y
poder, es quien o quienes son los actores que deben tener el control sobre la
generación, aplicación y orientaciones del conocimiento científico y tecnológico
en el país.
3.2 Enfoques para el
análisis de la política de ciencia y tecnología en
México.
Las
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en América Latina han pasado de
un interés centrado en los estudios orientados a los impactos en la política a
los estudios destinados a la academia. Dicho tema tiene una estrecha relación
con una pregunta que surgió a la discusión en los años setenta por Varsavsky
(1972), quien señalaba que si ante la necesidad de una transformación radical de
la sociedad, el científico debería dedicarse a la actividad política y, por
tanto, abandonar la ciencia para convertirse en un político profesional en este
campo.
Una
hipótesis que hemos señalada con anterioridad es que las orientaciones de la
política de ciencia y tecnología en México no han variado mucho en el tiempo,
debido al predominio y al poder que han ejercido las elites científicas en su
definición. Las elites científicas, aunque han cambiado su constitución han
privilegiado una concepción basada en el autogobierno de la ciencia, apoyándose
en prácticas corporativistas.
¿Hasta
dónde el impulso o falta de impulso a la ciencia y la tecnología ha estado
mediado por grupos de interés y redes de poder?, ¿Cómo se han conformado los
grupos o las elites que han definido el rumbo de las políticas de ciencia y
tecnología?, ¿Cuál es el proceso histórico que ha seguido la conformación de
esos grupos?
A
lo largo de la historia de México del siglo XX encontramos distintos enfoques
sobre los cuales se buscó implementar la política de ciencia y tecnología desde
el estado. A continuación, presentamos los enfoques y algunas características
que los definen:
I. El primer enfoque estuvo centrado
en el análisis de las relaciones entre ciencia y gobierno por D. K. Price
(1954). Se caracterizo por buscar el crecimiento de las capacidades científicas
en el gobierno, el desarrollo de contratos y administración de programas, y el
personal envuelto en la maquinaria de asesores científicos.
II. El segundo enfoque es de tipo
conceptual-teórico, Salomón (1970) estableció las acepciones de la relación
entre ciencia y poder:
a. La primera se refiere a la relación entre el saber y
el poder cuando se está pensando en la prioridad que los países desarrollados
otorgaron a las actividades de innovación, las cuales son percibidas como
factor de la competitividad internacional y que se manifiestan como el poderío
de las naciones.
b. La segunda acepción, estaba centrada en las
relaciones entre los científicos y el poder o la búsqueda de poder por los
científicos, que se refiere, de acuerdo con Salomón a “[…] una forma de hacer
política en donde el científico vive no para ella o de ella, sino en ella, como
una consecuencia y no una causa de su profesión, como un destino fijado en su
vocación más que como el encuentro en el des disposiciones diferentes […] los
científicos no son expertos en política; su competencia en su dominio, es cada
vez as especializado, no les da más autoridad en los demás dominios que la que
tiene cualquier otra competencia técnica”. Salomón reduce el asunto de ciencia y
política a las relaciones que los científicos establecen con el estado y a las
que este instituye con los científicos o la comunidad
científica.
III. El tercer
enfoque está basado en el planteamiento de Bourdieu (1994), quien explica
que el campo científico es el lugar de
una lucha política por la dominación científica, en función de la posición
que ocupa cada investigador, que se definen como estrategias políticas. No hay
elección científica que no sea, por uno de sus aspectos…una estrategia política
de ubicación al menos objetivamente orientada hacia la maximización del
beneficio propiamente científico”. Con ello el monopolio de la autoridad
científica, sino entre este y otros campos en los que participan los científicos
como serian el político, el económico, el ético o moral, etc., se pretende
influir en la definición de políticas de ciencia y
tecnología.
IV. El cuarto enfoque fue planteado en la
perspectiva de una sociología política de la ciencia, basándonos en el estudio
de Blume (1974), quien fija su atención en los distintos aspectos para una
agenda de ciencia y tecnología para el estado; el énfasis está centrado en las
interferencias que la esfera política y
económica han tenido sobre la ciencia, que en lo que podría denominarse las
características políticas de la ciencia y las interrelaciones que se construyen
entre ciencia, tecnología, política y sociedad. Blume hace referencia a las
reacciones de los científicos ante políticas aplicadas por los gobiernos. De
alguna manera el autor descarta el supuesto de la autonomía de la ciencia y se
enfoca en las relaciones entre el sistema científico y político, con lo que
argumenta que la ciencia debe ser vista como esencialmente
política.
El
enfoque de ciencia, tecnología y estado es muy amplio. Pero más allá en las
relaciones de autoridad con el gobierno, en este campo también se ubica el
análisis de los patrones de poder en la sociedad, particularmente las relaciones
entre ciencia, empresas y gobierno; un aspecto central de este análisis es si en
México este corporativismos solo se expresa en épocas de crisis o si existe una
actitud de apropiación de la política de ciencia y tecnología por parte de los
científicos, como un asunto que debe ser definido exclusiva o mayoritariamente
por ellos.(Casas, 2005)
Otro
enfoque para analizar los patrones de poder es mediante el análisis de redes
sociales (Mitchell, 1974). La discusión que introducen estos dos autores en el
sentido de que la ciencia tiene un orden normativo único y que se autogobierna,
es un argumento al cual se debe cuestionar. Esta postura ha sido sostenida con
anterioridad por Merton (1973) y Polanyi (1958, 1967), para quienes la eficiente
autorregulación y autodirección de la ciencia es la piedra angular de su
enfoque.
Hasta
el momento se han presentado los diversos enfoques, los cuales en particular
representan expresiones de la realidad entre ciencia, tecnología y política:
campo de lucha; elites; mecanismos de control y regulación; redes sociales;
corporativismos y debate entre el autogobierno de la ciencia (predominio de las
elites científicas), su importancia como factor económico para la
competitividad de las naciones (privatización del conocimiento) y su relevancia
como factor indispensable del desarrollo social.
