3.1 Política de ciencia y tecnología en el siglo XX mexicano.
Durante el gobierno cardenista (1934 – 1940) se asignó una importancia central a la actividad científica y tecnológica, debido a ello el gobierno crearía en 1935 el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación (CONESIC), el cual sería una forma de construir una política de estado en ciencia y tecnología con el objetivo de fomentar el desarrollo de la actividad científica en el país, adquiriendo así el gobierno el carácter de promotor oficial de las actividades de investigación sobre la realidad social y los recursos naturales del territorio nacional.
La principal preocupación estuvo centrada en resolver la carencia de investigaciones en el campo por lo que un primer aspecto de política era formar el capital humano necesario para la creación de institutos de investigación en diferentes áreas. Desde el gobierno existía la preocupación por vincular la investigación con la solución de problemas socioeconómicos.
El grupo de científicos e intelectuales mexicanos en torno a el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación (CONESIC) sugerían la importancia de poner en contacto los trabajaos de investigación con las urgencias de la sociedad, argumento que, desde su perspectiva, se refería más a la idea de vinculación social que a la de vinculacionismo[1]. Entre los personajes que conformaron el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación (CONESIC) había profesionistas provenientes de las ciencias sociales y de las ciencias médicas y biológicas, lo que explica en gran medida la preocupación social en la que se sustentaban sus planteamientos respecto a la ciencia y la tecnología.
Esta tendencia en las concepciones sufrió cambios importantes en la siguiente década (1940 a 1950), en la que constatamos la desaparición del Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación (CONESIC) (1935 – 1938) y la creación sucesiva de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC) (1942 – 1950) y posteriormente del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC) (1950 – 1969), podemos afirmar que estos organismos fueron los antecesores del actual CONACYT creado en 1969 y que entro en funciones en 1970.
La concepción que prevaleció en la creación de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC), que fue resultado de los planteamientos elaborados por los profesionistas y científicos que coordinaron las acciones de este organismo, fue el de orientar sus actividades para conocer los problemas concernientes a la ingeniería, la minería, el petróleo, la industria química, la ganadería, la industria forestal, la medicina y la salud, ya que la solución de estos sectores dependía de la investigación científica. Obedecían también a los intereses personales de investigación de los vocales de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC). Las actividades de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC) se encaminaron fundamentalmente en tres direcciones:
a) En el estímulo a la formación de una infraestructura humana científica en las instituciones universitarias, particularmente en la Universidad Nacional a la que pertenecía la mayoría de los vocales de ese organismo.
b) En el conocimiento de los recursos minerales del país, tanto en lo que se refiere a su localización y estudio, como en aquellos que pudiesen interesar a los proveedores de materias primas para la industria.
c) En los estudios biotécnicos en los campos de la microbiología, la parasitología y la fisiología general, abordando investigaciones sobre algunas enfermedades frecuentes entre la población mexicana y causantes de los principales índices de mortalidad (salmonelosis, tifus, brucelosis y enfermedades cardiovasculares).
No obstante, el único logró visible en esta dirección fue el inicio de la construcción de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), por los que las actividades de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC) estuvieron muy alejadas de vincular la investigación con el desarrollo industrial del país, aun cuando desde su concepción de la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC) nació bajo las siguientes premisas:
a) Respecto al impulso a la investigación científica se insistía en dos directrices: la de fomentarla para el bienestar y el progreso del pueblo y la de promoverla para la formación de investigadores capaces de enseñar y guiar a los jóvenes que deseaban iniciarse en la investigación.
b) Otra de las concepciones era la de vincular la investigación con objetivos socioeconómicos. En este renglón se consideraba la importancia de la defensa de los recursos naturales aptos para la agricultura, así como las investigaciones sobre plantas útiles para la nutrición.
c) Finalmente se detectaron al menos dos concepciones respecto a los objetivos de la investigación. La primera manifiesta en las opiniones que afirmaban que al científico no lo mueve el deseo de mejorar las condiciones de vida ni el afán de lucro, sino solo la curiosidad científica y el empeño por descubrir la verdad. La segunda posición, que era compartida por otros de los vocales, se refiere a la transformación del papel del hombre de ciencia, al derrumbarse la torre de marfil, es decir, la idea del hombre ciencia en aislamiento.
En el periodo comprendido entre 1950 y 1970 impero una política orientada a asegurar el desarrollo industrial del país y con ello garantizar el crecimiento económico, siendo decisivo el papel que desempeño el financiamiento extranjero en este proceso. En 1950, se funda el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) que sustituye a la Comisión Impulsora y Coordinación de la Investigación científica (CICIC) y que en un principio se orientó a las mismas actividades que aquella.
A partir de los años sesenta con una nueva ley orgánica en el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) esta institución enfatiza las funciones de intercambio y cooperación internacional, así como la promoción y difusión de la ciencia mediante diversos incentivos. Un cambio de criterio importante en la conformación de este organismo fue el incluir a representantes de las industrias y de otras dependencias del gobierno federal, con el propósito de establecer vinculación entre las actividades de investigación y los sectores de posible aplicación.
En la modificación de la organización del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) en 1961 intervino activamente en la comunidad científica mexicana a través de la Academia Nacional de la Investigación Científica (ahora Academia Mexicana de Ciencias) que acababa de ser creada en 1959, la cual formulo la nueva ley del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) aprobada por el Congreso de la Unión en 1961.
Desde este momento surgió una preocupación compartida en que la finalidad de la ciencia debería ser el desarrollo económico y social, aunque el desarrollo estaba condicionado por otros factores. La mayoría de los vocales del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) se pronunciaban por un desarrollo tecnológico propio, que debería basarse en adaptaciones tecnológicas y generar así un proceso para disminuir las importaciones. Sagasti (1977) afirma que la mayoría de los vocales del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) adoptaban una actitud tecnoeconomicista, es decir, consideraban a la ciencia y especialmente a la tecnología como medio para acelerar el desarrollo socioeconómico.[2]
A nivel Latinoamérica, entre los años sesenta y setenta, se gestó un pensamiento cuyo objetivo era “acoplar la infraestructura científico-tecnológica a la estructura productiva de la sociedad, es decir, nada debería de estar pensando fuera de su marco social”.
Con la creación del CONACYT en 1970 se acentúa un fenómeno que había comenzado a gestarse desde 1935 y que es el de la participación de los científicos en la toma de decisiones relaciones con la política de ciencia y tecnología; por lo que desde su fundación se consideró que era necesario integrar un cuerpo de funcionarios y de asesores con experiencia en la investigación científica, para organizar y proponer alternativas hacia la formulación de una política científica nacional.
Se establecieron dos mecanismos de participación:
a) El primero a través de la formación de Comités de Ciencia
b) El segundo por medio de la conformación de Comités de Consulta Especifica.
Además, se abrió otro mecanismo de participación mediante la contratación directa y permanente de científicos para ocupar cargos como funcionarios del CONACYT.
El traslado de un número considerable de científicos a funciones político-administrativas en relación con la actividad científica, represento en cierta forma, desde entonces, una fuga de cerebros en un país con una infraestructura científica incipiente. Este fenómeno se agudiza durante el primer periodo de gestión de CONACYT (1970 – 1976), ya que el personal recién egresado de estudios de posgrado realizados en el país y en el extranjero es absorbido por ese organismo, sin cuestionarse que la inversión del país en su formación no esté siendo retribuida.
Este fenómeno fue resultado tanto de la presión que ejercieron a fines de los sesenta los científicos a través de la Academia Nacional de la Investigación Científica, como el cuerpo de vocales del Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC).
A medida que avanzan las gestiones llevadas a cabo por el CONACYT crece el escepticismo de los científicos por la política de ciencia y tecnología. Este fenómeno acrecentó la posición liberal hacia la ciencia, que fue adquiriendo características particulares. Los científicos que participaban de esta posición propugnan principalmente por un mayor financiamiento y apoyo económico a la actividad de investigación, pero sin intervención del estado en la determinación de sus objetivos y temáticas. Es decir, propugnaron por una política para la ciencia y no una política de la ciencia, tal como lo afirmo en su momento Herrera (1971).
Esto fue un reflejo del poder que adquirió la comunidad científica en el país, que logró transformar el prestigio derivado de sus actividades académicas en la autoridad política y el poder de representación de la comunidad científica. Como se había dicho más arriba, esto motivo también a una especie de freno a la orientación de la investigación hacia demandas socioeconómicas, como lo han argumentado Dagnino y Thomas (1999).
La adopción de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la liberalización de las fuerzas del mercado, la apertura de la economía (que alcanzó su máxima expresión en el proyecto de integración del mercado norteamericano) y la reforma institucional del estado genero cambios significativos, transformando al estado de regulador y propietario en un estado de fomento, orientado fundamentalmente a crear las condiciones para el desarrollo eficiente del sector privado, que a partir de fines de los años ochenta es considerado reiteradamente en el discurso gubernamental como el eje del desarrollo.
Las políticas de ciencia y tecnología experimentan cambios sustanciales en su concepción. A diferencia de los años setenta y ochenta en que se hizo un énfasis especial en la creación y la conservación de la infraestructura y la formación de recursos humanos, los planteamientos durante esta nueva etapa que se expresaron tanto en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnología 1990 – 1994, formulado durante la administración 1988 – 1994, como en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnología 1995 – 200), se inscriben en el contexto de un modelo de desarrollo centrado en la modernización industrial, la apertura comercial y los procesos de globalización económica, política, social y cultural.
Las concepciones que influyeron en las políticas de ciencia y tecnología a lo largo de la década de los noventa fueron las siguientes:
a) Una clara distinción y separación entre las políticas orientadas a la ciencia y aquellas relacionadas con la tecnología, estableciéndose una ruptura entre estas actividades.
b) El predominio de criterios de calidad, con base en normas internacionales.
c) La búsqueda de la excelencia en la formación de recursos humanos de alto nivel.
d) La asignación de fondos mediante mecanismos de concurso y competencia.
e) Una vinculación más estrecha de la investigación básica y el desarrollo tecnológica con el sector productivo.
f) La reorientación de la demanda de educación superior hacia disciplinas que requiere el desarrollo del país, particularmente, las ciencias exactas y las ingenierías.
Sin embargo, a mediados de los años noventa se observa un tránsito hacia una concertación organizacional entre la comunidad académica, el estado y el mercado. Durante los años noventa prevalecerían al menos tres concepciones en torno a la política de ciencia y tecnología que respondían a cada uno de los grupos de interés que estaban en juego:
I. El apoyo a la oferta para incrementar la formación de recursos humanos y el desarrollo de la ciencia básica, en la que seguían imperando los criterios de la comunidad científica.
II. El apoyo a la demanda, es decir, a las empresas para generar inversiones en el desarrollo tecnológica, que respondía a los intereses del sector privado y los grupos que aún en las universidades estaban centrados en el desarrollo de tecnología.
III. El apoyo a los procesos interactivos entre oferta y demanda para orientarlos a la solución de problemas, que respondía a grupos de interés situados en la esfera gubernamental, preocupados por la desconcentración y descentralización de las actividades científicas y tecnológicas y su repercusión en el desarrollo regionales y/o local.
La participación de la comunidad científica en la orientación de las políticas de ciencia y tecnología ha tendido a ser reducida y limitada al campo meramente científico; una muestra de ello es la escasa participación que tuvieron los científicos en el diseño del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2000 – 2025 (PECyT). Esto ha originado la reorganización de los científicos como grupo de interés, que a través de organismos tales como la Academia Mexicana de Ciencias o el Foro Consultivo Científico y tecnológico, constituido en el 2002, han ejercido mecanismos de presión encaminados a recuperar el control en las orientaciones de las políticas en el campo científico.
Muestra de ello es su activa participación en el proceso de aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley del CONACYT en el 2001 y 2002. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) combina la idea de la ciencia como motor del progreso, con la concepción de solución de los grandes problemas naciones y como elemento estratégico para la competitividad internacional
Las concepciones sobre ciencia y tecnología que han prevalecido en el país desde los años treinta se debaten entre el autogobierno de la ciencia (predominio de las elites científicas), su importancia como factor económico de la competitividad de las naciones (privatización del conocimiento) y su trascendencia para el desarrollo social.
Es importante hacer notar que estos tres enfoques son sostenidos en México por diferentes actores que, desde fines de la década de los noventa, se manifiestas más fuertemente en torno a estas posiciones. Afirmamos que cada uno de los planes y programas formulados en este campo, han contemplado múltiples objetivos, instrumentos y mecanismos, derivándose de ellos resultados diversos e incluso contradictorios, sin llegar a configurar una concepción científica y tecnológica sobre la importancia de estas actividades para las necesidades de la sociedad mexicana en proceso de transición.
Las actitudes y concepciones que han manifestado diversos actores en la formulación y aprobación de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología, tanto en 1999 como en el 2002, así como en la Ley del CONACYT aprobada en el 2002 y en la elaboración del mismo Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) en el 200, reflejan la suma de posiciones de diferentes grupos, lejos de generar consensos o posiciones compartidas sobre las orientaciones de la política.
Un punto importante por destacar es que, en los últimos seis años, además de que la política de ciencia y tecnología ha estado sujeta a las influencias de las elites científicas y de los cuadros gubernamentales, se ha dado también una fuerte influencia del Congreso, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que este sector representa actualmente a un actor decisivo en los planteamientos a este respecto.
En la actualidad es interesante hacer notar que las corrientes partidistas en el Congreso han sostenido diversas posiciones respecto a estos temas[3]. En este sentido es importante comentar las alianzas que se han establecido entre la elite científica a través de la AMC y el poder legislativo, en particular con algunas fuerzas partidarias, particularmente por lo que se refiere a la asignación del presupuesto federal.
El proceso de lucha entre grupos de la esfera científica se ha extendido a la esfera política y partidista, en la que se disputa el poder por la definición de políticas en torno a los apoyos a las actividades científicas y tecnológicas en el país. Es decir, en última instancia lo que en el fondo representa, desde nuestra perspectiva, el debate central en el tema de ciencia, tecnología y poder, es quien o quienes son los actores que deben tener el control sobre la generación, aplicación y orientaciones del conocimiento científico y tecnológico en el país.
3.2 Enfoques para el análisis de la política de ciencia y tecnología en México.
Las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en América Latina han pasado de un interés centrado en los estudios orientados a los impactos en la política a los estudios destinados a la academia. Dicho tema tiene una estrecha relación con una pregunta que surgió a la discusión en los años setenta por Varsavsky (1972), quien señalaba que si ante la necesidad de una transformación radical de la sociedad, el científico debería dedicarse a la actividad política y, por tanto, abandonar la ciencia para convertirse en un político profesional en este campo.
Una hipótesis que hemos señalada con anterioridad es que las orientaciones de la política de ciencia y tecnología en México no han variado mucho en el tiempo, debido al predominio y al poder que han ejercido las elites científicas en su definición. Las elites científicas, aunque han cambiado su constitución han privilegiado una concepción basada en el autogobierno de la ciencia, apoyándose en prácticas corporativistas.
¿Hasta dónde el impulso o falta de impulso a la ciencia y la tecnología ha estado mediado por grupos de interés y redes de poder?, ¿Cómo se han conformado los grupos o las elites que han definido el rumbo de las políticas de ciencia y tecnología?, ¿Cuál es el proceso histórico que ha seguido la conformación de esos grupos?
A lo largo de la historia de México del siglo XX encontramos distintos enfoques sobre los cuales se buscó implementar la política de ciencia y tecnología desde el estado. A continuación, presentamos los enfoques y algunas características que los definen:
I. El primer enfoque estuvo centrado en el análisis de las relaciones entre ciencia y gobierno por D. K. Price (1954). Se caracterizo por buscar el crecimiento de las capacidades científicas en el gobierno, el desarrollo de contratos y administración de programas, y el personal envuelto en la maquinaria de asesores científicos.
II. El segundo enfoque es de tipo conceptual-teórico, Salomón (1970) estableció las acepciones de la relación entre ciencia y poder:
a. La primera se refiere a la relación entre el saber y el poder cuando se está pensando en la prioridad que los países desarrollados otorgaron a las actividades de innovación, las cuales son percibidas como factor de la competitividad internacional y que se manifiestan como el poderío de las naciones.
b. La segunda acepción, estaba centrada en las relaciones entre los científicos y el poder o la búsqueda de poder por los científicos, que se refiere, de acuerdo con Salomón a “[…] una forma de hacer política en donde el científico vive no para ella o de ella, sino en ella, como una consecuencia y no una causa de su profesión, como un destino fijado en su vocación más que como el encuentro en el des disposiciones diferentes […] los científicos no son expertos en política; su competencia en su dominio, es cada vez as especializado, no les da más autoridad en los demás dominios que la que tiene cualquier otra competencia técnica”. Salomón reduce el asunto de ciencia y política a las relaciones que los científicos establecen con el estado y a las que este instituye con los científicos o la comunidad científica.
III. El tercer enfoque está basado en el planteamiento de Bourdieu (1994), quien explica que el campo científico es el lugar de una lucha política por la dominación científica, en función de la posición que ocupa cada investigador, que se definen como estrategias políticas. No hay elección científica que no sea, por uno de sus aspectos…una estrategia política de ubicación al menos objetivamente orientada hacia la maximización del beneficio propiamente científico”. Con ello el monopolio de la autoridad científica, sino entre este y otros campos en los que participan los científicos como serian el político, el económico, el ético o moral, etc., se pretende influir en la definición de políticas de ciencia y tecnología.
IV. El cuarto enfoque fue planteado en la perspectiva de una sociología política de la ciencia, basándonos en el estudio de Blume (1974), quien fija su atención en los distintos aspectos para una agenda de ciencia y tecnología para el estado; el énfasis está centrado en las interferencias que la esfera política y económica han tenido sobre la ciencia, que en lo que podría denominarse las características políticas de la ciencia y las interrelaciones que se construyen entre ciencia, tecnología, política y sociedad. Blume hace referencia a las reacciones de los científicos ante políticas aplicadas por los gobiernos. De alguna manera el autor descarta el supuesto de la autonomía de la ciencia y se enfoca en las relaciones entre el sistema científico y político, con lo que argumenta que la ciencia debe ser vista como esencialmente política.
El enfoque de ciencia, tecnología y estado es muy amplio. Pero más allá en las relaciones de autoridad con el gobierno, en este campo también se ubica el análisis de los patrones de poder en la sociedad, particularmente las relaciones entre ciencia, empresas y gobierno; un aspecto central de este análisis es si en México este corporativismos solo se expresa en épocas de crisis o si existe una actitud de apropiación de la política de ciencia y tecnología por parte de los científicos, como un asunto que debe ser definido exclusiva o mayoritariamente por ellos.(Casas, 2005)
Otro enfoque para analizar los patrones de poder es mediante el análisis de redes sociales (Mitchell, 1974). La discusión que introducen estos dos autores en el sentido de que la ciencia tiene un orden normativo único y que se autogobierna, es un argumento al cual se debe cuestionar. Esta postura ha sido sostenida con anterioridad por Merton (1973) y Polanyi (1958, 1967), para quienes la eficiente autorregulación y autodirección de la ciencia es la piedra angular de su enfoque.
Hasta el momento se han presentado los diversos enfoques, los cuales en particular representan expresiones de la realidad entre ciencia, tecnología y política: campo de lucha; elites; mecanismos de control y regulación; redes sociales; corporativismos y debate entre el autogobierno de la ciencia (predominio de las elites científicas), su importancia como factor económico para la competitividad de las naciones (privatización del conocimiento) y su relevancia como factor indispensable del desarrollo social.
[1] “En la vinculación social se generan importantes procesos de transferencia interactiva de conocimientos entre la academia y otros sectores, que implican un impacto importante en las formas de organización de diferentes grupos sociales, así como en sus prácticas productivas. Es decir, se atiende a problemas de desarrollo social”.
[2] “Las otras dos actitudes propuestas por Sagasti (1977) eran:
a) Los científicos liberales, cuyo principal interés es la ciencia en aras de la ciencia misma
b) Los componentes del crecimiento, que no le atribuyen a la ciencia y la tecnología ningún papel propio en el proceso de desarrollo.”
[3] De acuerdo con Bimber y Guston (1995), las legislaturas han recibido muy poca atención en los estudios sobre política científica, y son un excelente elemento para entender como intervienen las instituciones políticas en las orientaciones de la ciencia.
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