1.1.1 Neoliberalismo.
La profunda crisis que invadió el país hizo evidente que el modelo anterior, el del desarrollo estabilizador no compartido (que es una deformación del estado de bienestar de los revolucionarios en general y de Cárdenas es particular), se hallaba quebrado o inconcluso como proyecto nacional.
Los gobiernos, desde Luis Echeverría sufrieron las consecuencias y cada uno de ellos propuso un modelo diferente para solucionarlo; hizo el intento de retornar al modelo cardenista original y obtuvo un fracaso estridente porque las condiciones ya no eran las mismas que en 1934: existía ya una burguesía poderosa por más subdesarrollada que fuese, que para entonces ya había desarrollado sus organizaciones independientes: Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Unión Nacional de Agricultores, etc.
López Portillo quiso apoyarse en el petróleo recién descubierto y revalorizado (más bien inflarlo por las crisis internacionales) pero, debido a la imprevisión y precipitación de su gabinete económico, en especial del director de PEMEX, poco tardo en sufrir un desengaño: los precios del producto se desplomaron y no hubo el excedente monetario que preveía; entonces se percató de que el despilfarro en el que había incurrido al tratar de “administrar la abundancia” se revertía contra su régimen.
Toca, pues a, Miguel de la Madrid instrumentar el gran viraje y a Carlos Salinas de Gortari el llevarlo a sus últimas consecuencias; se abandonan los principios populares de la Revolución y se trató de enderezar el país mediante los planes de estabilidad económica cuya base es la comprensión de los salarios y el despido masivo de trabajadores, principalmente en la burocracia. En la industria el despido se había producido por sí mismo al quebrar las empresas. Como complemento, se culpó de todo el desastre al populismo, pero se olvidaron de agregar que se trató de un populismo mal llevado y saboteado desde el poder.
Por último, resalta progresivamente otra nueva modalidad del proyecto de hegemonía burocrática neoliberal en medio: la instauración de mecanismos de control altamente individualizados en las esferas laboral y la discusión en torno a la Ley Federal del Trabajo (LFT), son algunas muestras de la creciente dimensión que asume la lógica tecnocrática para regular la conducta del ciudadano común.
1.2 Características de los gobiernos presidenciales de finales del siglo XX a la actualidad.
1.2.1 Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
En una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México resulto electo. Uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que tenía como propósito el mejoramiento de los niveles de vida, oportunidades de empleo, apoyo a las actividades agropecuarias, agroindustriales y microindustriales, además de la construcción de obras de infraestructura y ejecución de programas de desarrollo en regiones específicas. Logro revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica.
Durante 1991 y 1992, Salinas concluyo con la reforma agraria, modificando el artículo 27 constitucional, declarando que la reforma agraria había terminado como una solución efectiva a los problemas del campo mexicano. Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas de Gortari fueron la comercialización de Telmex, la privatización de la banca y la firma del Tratado de Libre Comercio. La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública, en la participaron varios grupos extranjeros. Uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos de mexicanos. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México.
Con la venta de la mayoría de las paraestatales, como las encargadas de producción y almacenamiento de semillas, las de la industria petroquímica, la de producción de refrescos y textiles, el gobierno federal recaudo 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital porque se promovió una mayor competencia, ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.
El TLC (Tratado de Libre Comercio) se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo entro en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes.
Dentro el ámbito político, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición. Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994, día en que el TLC (Tratado de Libre Comercio) entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas, bajo el mando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
1.2.2 Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000).
Fue designado por el presidente Salinas como candidato sustituto. Luego de tomar el cargo como presidente, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales.
Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras en miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos a pagar sus deudas. En el aspecto social, el nuevo movimiento revolucionario de los zapatistas comienza a desequilibrar la paz social.
En lo económico, y para salir a flote de la situación, el Gobierno Federal aplico el Fondo de Protección al Ahorro (FOBAPROA), para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Mientras culminaban las operaciones para que el FOBAPROA absorbiera la cartera vencida a los bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE), un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. La administración de Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de Unidades de Inversión (UDIS).
Hubo una apertura política mexicana que permitió, en julio de 1997, la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) como jefe de gobierno del Distrito Federal.
1.2.3 Vicente Fox Quesada (2000 – 2006).
Es elegido presidente de la Republica ante un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con casi el 42.5% de los votos. Fox se convirtió en el primer presidente de la historia moderna de México en no contar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados y senadores, razón que le impidió impulsar la aprobación de las tres reformas más importantes que había planteado para su mandato:
Recién inicio su mandato, Vicente Fox tuvo pláticas con Estados Unidos para lograr una reforma migratoria, sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. A pesar de todo, Fox logro ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en los Estados Unidos como la expedición de la Matricula Consular, que permitía a los inmigrantes mexicanos transitar libremente en los Estados Unidos, siendo requisito una antigüedad de residencia de cinco años como mínimo.
Logro también una disminución del costo del envío de remesas por los migrantes y apoyo a una reforma en el Instituto Federal Electoral (IFE) para lograr el voto de los mexicanos en el extranjero, que fue puesta en marcha en las pasadas elecciones del 2 de julio del 2006. En el sexenio de Fox se implementó el programa de becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y se dio apoyo económico a familias marginadas.
En lo social, a finales del 2005, el presidente Fox declaro y puso en marcha un programa de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos, llamado “Setenta y más” que se implementó en marzo de 2006, así como el aumento de asistencia en los servicios de salud a personas sin seguridad social, introduciendo el llamado Seguro Popular.
Hubo una apertura mayor al derecho de expresión y la propuesta de mayor fiscalización de las instituciones, por lo que se creó el Instituto de Acceso a la Información (IFAI) para todos los ciudadanos. En este mandato crece de manera impresionante la migración a Estados Unidos.
La generación de empleos y fuentes de ingreso continúa siendo un reto para México, así como la puesta en marcha de reformas que promuevan la competitividad y la oportunidad de contar con más recursos para dar respuestas eficientes a las legítimas demandas de la sociedad.
1.2.4 Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006 – 2012).
Toma protesta el 1 de diciembre para el periodo 2006 – 2012. Entre sus acciones se encuentran los temas de seguridad, empleo, economía, salud y fuerzas armadas. En temas de seguridad declaro una nueva campaña contra el narcotráfico, en la que involucro al Ejercito mexicano, sobre todo en operativos especiales en diversos estados de la Republica.
Propuso el aumento salarial de los militares mexicanos. Impulso la modernización de los cuerpos policiacos del país, implementando programas y estrategias nacionales de seguridad como el proyecto: “Plataforma México” que, en otras cosas, se refiere a la existencia y puesta en marcha de un Sistema Única Criminal en todo el país.
En otros programas de seguridad se encuentra “Limpiemos México”, que este compuesto por tres fases: zona en recuperación, escuela segura y centro de atención primaria de adicciones y salud mental. En materia penal, propuso una serie de reformas como un nuevo Código Penal único para toda la República.
En cuanto a economía, al comienzo de su sexenio Calderón aplico un decreto de austeridad en el cual se reducía el sueldo y el de sus Secretarios de Estado. Además, se comenzó con los proyectos de Primer Empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año cuando estos contraten personal de nuevo ingreso sin experiencia previa laboral y sin registro en el IMSS.
A un mes de comenzar su gobierno, Calderón se enfrenta a la crisis que trajo la súbita elevación del precio del maíz y de la tortilla, llegando a duplicarse el costo de esta última. La intervención de la presidencia se dio a través de los secretarios de Economía, Agricultura y el director de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); y aunque se cree que fue una reacción muy tardía, desemboco en el Pacto Económico para la Estabilización de la Tortilla, provocando que el precio del alimento básico se estabilizara, aunque en algunos lugares de la Republica sigue siendo alto.
Aplico la reforma laboral en el Instituto de Seguridad y Servicio Social a los trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), con la cual se individualizan las cuentas de los trabajadores del Estado y, además, creo un organismo dirigido por el ISSSTE, llamado Pensión – ISSSTE. En el sector Salud propuso un nuevo programa de Seguro Universal para recién nacidos, los cuales tendrán un seguro de por vida, además de la reimplementación del programa de la Caravana de Salud.
En materia de empleo, a su primer año de gobierno. La Tasa de Desocupación (TD) o Tasa de desempleo a nivel nacional, fue de 3.23% respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje superior al observado en mayo de 2006, cuando se sitúo en 2.88%.
Por otro lado, durante el gobierno de Calderón se entregaron un millón 100 mil becas a estudiantes mexicanos, que es la cifra más alta que se haya otorgado en la Republica y también la cifra más alta de becas otorgada en América Latina.
En marzo del 2007 recibió al presidente estadounidense George Bush, comprometiéndose a trabajar juntos para llegar a acuerdos que favorezcan a ambas naciones, destacando una vez más la necesidad de una reforma migratoria justa.
1.3 Aplicación de políticas públicas hoy.
Para poder definir adecuadamente lo que es una política pública y entender el papel de la burocracia estatal, analizaremos lo que es la política y la definición de política pública; con estos elementos podremos entender cuál es el significado y la importancia de la burocracia estatal.
1.3.1 Política.
Entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses, pero este arte de gobernar se da en el ámbito de lo público. Por lo tanto, una política es un comportamiento propositivo, internacional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores.
La política también es una actividad de comunicación pública, lo común a todos los ciudadanos que habitan en un Estado-Nación. Los tres componentes principales de cualquier política son:
Ø Los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la sustentan).
Ø Los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismo de prestación de las políticas)
Ø los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo con los principios propuestos.
Por lo tanto, una política pública en general es la aplicación de ciertas medidas o estrategias gubernamentales para organizar en función de los recursos, intereses y ventajas existentes. Las políticas públicas estatales son las acciones de gobierno que buscan dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad; se pueden entender como uso estratégico de recursos para resolver los problemas nacionales. Las políticas públicas se clasificarían de acuerdo con resultados en regulatorias, distributivas y redistributivas.
Ø Regulatorias. Poseen un marco normativo institucional.
Ø Distributivas. Propician dar a la población beneficios necesarios para su mantenimiento, bienestar y preservación, lo cual es la función fundamental del Estado.
Ø Redistributivas. Consisten en la generación de ciertos recursos que posee el Estado para la población de manera equitativa y de acuerdo con sus necesidades.
Las políticas públicas tienen que ver con recursos, planeación y aplicación de estrategias propias del Estado, pero este solo actuara mediante el gobierno (este es el Estado de acción) y sus instituciones, las llamadas instituciones burocráticas, las cuales están compuestas en nuestro país por los diferentes órdenes de gobierno.
Los órdenes de gobierno de nuestro país son: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como sus órganos centralizados y descentralizados; los primeros son de centralización administrativa, la cual es la forma fundamental en la que se encuentran organizadas las entidades públicas de carácter administrativo.
Las entidades que forman parte de la Administración Pública Central o Centralizada, reciben la denominación de órganos administrativos. Los órganos administrativos que forman parte de la Administración Pública Federal son las Secretarias de Estado; los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica.
Los descentralizados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Los organismos descentralizados son entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con los organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.
Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es decir, el Congreso de la Unión crea una norma o serie de normas aplicables de manera exclusiva a dichos entes, estas leyes le otorgan personalidad jurídica y, en consecuencia, se vuelve responsable de las decisiones que asuma para la realización de su objeto y los diferentes niveles de gobierno, como son los ámbitos municipales, estatales y federales y las diferentes secretarias de Estado, lo cual en su totalidad conforma la burocracia mexicana.
Para que funcione el gobierno, tal como lo hemos descrito en párrafos anteriores, debe existir el elemento humano, el cual está conformado por una de las anclas institucionales más importante: la burocracia, con ella se cobra la efectividad del sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho. Es importante subrayar que la burocracia, vista desde esta perspectiva, es algo más que una planta de recursos humanos es un aparato organizativo y/o un sistema de empleo.
Así la burocracia es en específico: un conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento que se insertan en el poder ejecutivo, con la finalidad de dar continuidad, coherencia y relevancia a las políticas públicas, y de asegurar un ejercicio neutral, objetivo y no arbitrario de los poderes públicos. Es importante resaltar que la burocracia tiene que ver con organización, control y estructura del funcionamiento institucional.
A manera de conclusión, la burocracia puede cumplir roles diversos y contradictorios en el proceso de elaboración de políticas, según se contemple desde su dimensión ideal de actor neutral y profesional, que garantiza la estabilidad, adaptabilidad e interés público de las políticas, o desde su carácter de recurso privado. El grado en el que la burocracia satisface unos u otros roles podemos suponerlo relacionado con algunas de las características de calidad de las políticas públicas.
1.4 Apertura y crisis económica.
1.4.1 Modelo de desarrollo agrario moderno.
Se logra una integración de la actividad agropecuaria con la industrialización y comercialización de sus productos, lográndose así un ciclo productivo completo. Los orígenes de este modelo son la necesidad real de activar la economía y alcanzar un desarrollo agropecuario acelerado.
Este modelo comprende desde los años cuarenta hasta la década de los setenta. Aquí la participación estatal es fundamental ya que estas entidades brindaban precios preferentes y créditos a sus solicitantes.
El rasgo más significativo del periodo es la vinculación del proceso de industrialización a los sectores más dinámicos del campo mexicano, favoreciendo particularmente a la agricultura moderna que integra todos los aspectos tecnológicos posibles para el crecimiento del campo, como la utilización de modelos de riego, maquinaria, fertilización, insumos, etc., y la cual comenzó a desempeñar un papel muy importante en la economía del país.
Este modelo fundo un patrón de desarrollo poblacional desigual y asimétrico entre el campo y la ciudad, favoreciendo la concentración de población en las grandes ciudades mediante la migración rural-urbana, lo que provocó una disminución de la población rural.
Esta transferencia disminuiría, por un lado, la población rural aumentando la productividad del campo y por el otro lado desarrollaría un mercado interno importante con los nuevos salarios urbanos y los ingresos crecientes de la población rural que quedaba. Un último elemento, y que a la larga fue que tuvo mayores resultados, tanto por los apoyos que tuvo como por el nuevo tipo de productor que generó, fue la de orientación de una parte de la producción para la exportación. Indudablemente esto fue una realidad en la economía mexicana entre 1945 y 1965.
La modernización favoreció el desarrollo de una estructura económica concentrada en unos cuantos polos productivos industriales, y acentuó el efecto nocivo de los mecanismos que contribuían al empobrecimiento de los campesinos y tenía como consecuencia el incremento de la pobreza entre los distintos sedimentos rurales e indígenas que tuvieron que sostener su reproducción en el trabajo de sus parcelas y en salarios temporales como jornaleros al tener que tomar la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, a las ciudades hacia otras zonas rurales con mayor desarrollo, a fin de complementar los ingresos.
El modelo de industrialización afecto negativamente al sector rural: “Para 1982, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) consideraba que aproximadamente el 80% de las unidades de producción agropecuaria del país se ubicaban en los estratos denominados como unidades de infrasubsistencia y subsistencia (ahora se manejan otros términos, como son la clasificación de la pobreza, en ese momento, la infrasubsistencia tenía que ver con no tener los satisfactores mínimos y la subsistencia con tener lo mínimo indispensable para vivir), las cuales para sobrevivir tenían que depender del jornaleo, artesanías, migración, etc.
1.4.2 Modelo agrario asociado a la apertura global.
Este modelo comprende desde los años setenta a la fecha. Se distingue por el agotamiento del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y por la modernización agraria, con la apertura comercial de las fronteras nacionales y el libre mercado.
Este periodo se da de manera inicial en los mandatos de Luis Echeverría al de Miguel de la Madrid, en donde México ingresa al concierto globalizador y democratizador mundial, donde la participación del Estado disminuye y se incrementa la postura de libre comercio, situación que es indiscutible en los mandatos de Salinas de Gortari, Zedillo y Calderón, que mostraron su apertura comercial, la disminución estatal en los aspectos productivos y de desarrollo industrial.
A partir de los años ochenta, se observa un dinámico desarrollo de la agricultura moderna de exportación, el uso de nuevas tecnologías en la producción agrícola, a la vez que se diversifican los destinos migratorios de la población rural y aumenta la migración al extranjero. Este modelo de desarrollo hasta hoy sigue siendo el predominante y ha tenido un fuerte impacto negativo, particularmente para el campo mexicano lo que nos lleva a una crisis del sector agrícola.
1.4.3 Crisis del sector agrícola.
Algunos de los principales indicadores económicos en México con la inserción del sector agropecuario a la globalización han agudizado la crisis del sector agrícola. Por parte del Estado, la crisis se manifiesta en ciertas acciones específicas:
1. La reducción del presupuesto público para el campo: “[…] el crédito al campo se calcula que decreció en un 60%. En el caso de la inversión pública esta disminuyo a niveles mínimos; esto es al 2.4%”.
2. En la falta de estrategias de apoyo diferenciado para las diversas agriculturas nacionales.
3. En el desmantelamiento de las instituciones de fomento, comercialización y asistencia técnica para el sector, sin instituciones mercantiles de reemplazo.
Alberto Montoya (2007), refiere que “en las dos últimas décadas, México ha venido reduciendo su presupuesto público para el campo como proporción del PIB, y ha desmantelado instituciones de fomento, comercialización y asistencia técnica, hasta los límites de irresponsabilidad histórica”.
“La inversión productiva, crédito para capitalizar el campo, desarrollo de infraestructura de riego, la comercialización y la distribución, han sido abandonadas por el estado mexicano, en tanto que los presupuestos se han orientado principalmente a la compensación de los precios, ante los menores pecios internacionales derivados de la apertura comercial, ocasionando una pérdida sistemática de rentabilidad y competitividad del sector.
Los nuevos actores económicos y políticos son las empresas comercializadoras extranjeras” (Montoya, 2007); y más aún ante la inactividad del aparato gubernamental frente a los intercambios inequitativos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La crisis del campo se ha reflejado en términos económicos en la reducción del aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB); en 2004 se situó en solo un 5.3% a pesar de que en el 2001 – 2004 aumento a una tasa que duplicaba a la del PIB total.
Existió una disminución del ritmo de crecimiento del producto agropecuario al pasar de 3.2% anual en 1960 – 1980 a 1.6% entre 1990 y 2000; y una baja en la producción de la industria alimentaria a razón de un 5.4% entre 1960 y 1980 a un 3% en el periodo comprendido de 1982 – 2000.
Los efectos negativos de esta crisis se expresan también en el déficit de la balanza comercial agropecuaria y en el desequilibro del comercio en el sector, en los bajos rendimientos de los precios de los productos agrícolas regionales, y en una creciente dependencia alimentaria: “En 1995, la balanza comercial agroalimentaria registraba un superávit de más de 500 millones de dólares; en 2001, había un déficit de 2 mil 48 millones de dólares. De hecho, desde 1994, el país había importado alimentos por 78 mil millones de dólares, cifra superior a toda la deuda pública externa”.
De 1990 al año 2000 las exportaciones agropecuarias se han incrementado de 2.2 a 3.9 mil millones de dólares, mientras que las importaciones han aumentado de 2.1 a 5.1 mil millones de dólares. Las exportaciones agroindustriales han crecido de 1.1 a 4.2 millones de dólares, mientras que las importaciones han aumentado de 2.7 a 5.9 mil millones. En lo que se refiere a la producción agroalimentaria, las exportaciones se estiman en 1990 a razón de 3.3 y en el año 2000 en 8.1 mil millones de dólares, mientras que las importaciones en este rubro han registrado un significativo incremento, pasando de un 4.8 a 11.1 mil millones de dólares.
El mercado exportador agrario se concentra en los Estados Unidos, con dos tercios de las ventas totales, lo que beneficia principalmente a un pequeño segmento de un 3% de agroexportadoras con producción de legumbres, hortalizas, flores y frutas (77% de las ventas foráneas) y, en menor medida, a otros tipos de explotaciones agrícolas, de productos pesqueros y azucares, y a la preparación de cereales; y sobre todo, a los productos bases para la preparación de bebidas alcohólicas (45% de las ventas al exterior).
“De acuerdo con datos del Consejo Nacional Agropecuario, en los últimos 10 años, el ingreso de los productores agropecuarios ha disminuido en un 24.5% en términos reales; la rentabilidad de las actividades del campo en 16%”.
Pérdidas de ingresos y rentabilidad, que se refieren en su mayoría los agricultores de productos primarios, que dependen del mercado interno y que compiten en total desventaja con el mercado internacional, han recibido poco apoyo por parte de las políticas y programas gubernamentales. Se ha modificado la estructura productiva agrícola, impactando de manera diferenciada en las diversas agriculturas nacionales.
Al referirse al impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el campo mexicano, Urrieta, en su artículo “La crisis agropecuaria, una oportunidad para el campo” (2004), afirma que esta diferenciación depende de la superficie de la tierra y su calidad productiva, la tecnología utilizada, la ubicación y los canales de acceso al financiamiento, entre otros factores: “Este juego diferenciado de afectaciones asimétricas ira operando en los primeros años en todos aquellos casos de desgravación, derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
Por otra parte, se ha fortalecido la agricultura en ciertas zonas y tipos de cultivos, particularmente la orientada hacia el desarrollo comercial y de exportación. Una agricultura comercia con enormes inversiones, con capital altamente tecnificado y con una producción intensiva y muy dinámica que destina la mayor parte de sus productos a la exportación y al abastecimiento de productos básicos al mercado nacional.
Por otra parte, se ha generado el deterioro y empobrecimiento de un sector de la agricultura orientada hacia el autoconsumo, que emplea una tecnología tradicional caracterizada por la producción de alimentos básicos para la subsistencia (fundamentalmente maíz y frijol), y por una baja rentabilidad comercial, que abastece los mercados locales y el nacional, además, con muy poco apoyo por parte de las políticas agropecuarias y falta de instituciones que permitieran al agromexicano enfrentar los efectos negativos del modelo económico globalizador.
En esta crisis, las economías tradicionales rurales e indígenas no pueden competir con la producción agrícola comercial y de exportación, lo que favorece la migración de campesinos y de indígenas hacia zonas agrícolas con mayor desarrollo, por no contar con la capacidad productiva, lo suficientemente moderna y atractiva para los productores a gran escala.
Para estos grupos sociales aumenta la necesidad de salir de sus comunidades para vender su fuerza de trabajo, como jornaleros agrícolas, en otros países como los Estados Unidos y Canadá, así como a los complejos agroexportadores ubicados en el norte, en el noroeste y en algunas entidades del sureste del país, zonas en donde hay menores patrones de riesgo a los que enfrentan en sus comunidades de origen, y donde existe una mayor certidumbre en las fuentes de empleo.
Esta crisis del sector agrícola provoco el incremento de la población urbana y al abandono total de las áreas agrícolas.
1.4.4 Fin de la política económica de estabilización y el inicio a la transición.
La segunda mitad de la década de 1960[1] corresponde a los años del deterioro político y la toma de conciencia de que el crecimiento económico no había llegado al desarrollo pleno; los eventos de 1968 sacudieron la conciencia nacional, a partid de entonces empezó a desaparecer la autocomplacencia política. Los años que corresponde de 1968 a 1973 configuraron lo que se ha dado por llamar la crisis, cuya nota primordial, desde el punto de vista del ejercicio del poder presidencial, fue la búsqueda de soluciones y adecuaciones para enfrentarla, pero sin cambiar la esencia de un estado interventor ni la naturaleza de las alianzas que le daban sustento, definidas desde 1946.
El modelo de economía mixta, como ya las visto, es un sistema económico en el que participan empresas privadas y empresas del estado. Las empresas públicas, también conocidas como empresas paraestatales o descentralizadas, nunca tuvieron el propósito de sustituir a las empresas privadas en la producción de bienes y servicios.
Las empresas paraestatales o descentralizadas son establecidas con recursos públicos y administradas por el gobierno. Surgieron con el propósito de apoyar la satisfacción de necesidades de carácter social, acelerar el desarrollo industrial y apoyar a las empresas privadas.
La nacionalización de la industria eléctrica en 1960, por ejemplo, se produjo como una opción para enfrentar los problemas de restructuración de la industria por parte de los empresarios. El presidente de la república, Adolfo López Mateos, en su tercer informe de gobierno, declaro que, con la compra de las empresas eléctricas, “la nación será la única propietaria de una fuente vital para su desarrollo…”.
Las empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), CONASUPO, Lotería Nacional e ISSSTE, estuvieron orientadas a la producción de servicios públicos como transporte, comunicaciones, materias primas, energéticos, salud y seguridad social.
Al comenzar un proceso de globalización creciente de la economía mundial, se puso en entredicho a los estados con políticas keynesianas, desarrollados y en vías de desarrollo por igual. De 1968 a 1972[2] desapareció de México el optimismo y la seguridad de haber logrado la estabilidad política y el crecimiento político único y perfecto: después la economía será la vía de aplicación del proyecto estatista, quedando al servicio de la recuperación de la estabilidad política. Para 1965 el nuevo gobierno quedo atrapado en la lógica del desarrollo estabilizador que exigía mantener intacta la legislación fiscal, excesivamente favorable al sector privado y, con reducción al gasto público de salud pública y educación.
Así el llamado proyecto nacional-revolucionario prevaleció hasta que se dio el desplome de las finanzas públicas tras el “boom petrolero” de 1978 – 1981; fue entonces que se mostró ya inviable la continuidad del estado benefactor a la mexicano (populismo de alto perfil), ya que un relanzamiento de la economía nacional presupondría, en los años ochenta, un creciente debilitamiento de los segmentos sindicales en el escenario político, elementos que durante décadas acataron la disciplina corporativista del presidencialismo.
Lo que fue un proceso de renovación en las vías de acceso a la burocracia gobernante desde el echeverrismo, consiste en imaginar progresivamente al partido oficial como escenario central de reclutamiento de la cúpula estatal. La parte más visible de este fenómeno se dio en el ritual de nombramiento del sucesor para el cargo del Ejecutivo; así, Luis Echeverría nombra a José López Portillo como “heredero al trono”[3], funcionario hasta entonces ligado al campo administrativo (Secretario de Hacienda), y que fungió como puente de enlace en el flujo de crédito extranjero a las finanzas estatales.
Posteriormente, López Portillo nombra a Miguel de la Madrid[4] (titular de la secretaría de Programación, dependencia creada en 1976) como sucesor, quien tenía una trayectoria similar a su antecesor y mantuvo – antes de ser presidente – la egida sobre los gastos públicos globales. Igual proceso de designación hubo en el caso de Carlos Salinas de Gortari (Secretario de Programación en el régimen lamadrista).
[1] “al terminas de leer los mensajes de Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970) y tratar de resumir y analizar su pensamiento, se producen varias molestias. En primer lugar, por la extensión de los discursos: parece que trata de competir en un campeonato con un orador como lo fue desde joven López Mateos y en lo que este último finco gran parte de su carrera. Luego están sus trompicones y aberraciones verbales, como estas dos sui generis: “no estamos en verdad como para hacer oídos sordos al callado sufrir de los de abajo” o sea a las calladas palabras necias; o léase este otro que no tiene desperdicio: “el sentido filosófico en que se inspira mi concepto de autonomía [es que] la cultura es el fruto mágico de la libertad”.
[2] “Si para Díaz Ordaz la amenaza publica de México, glorioso país de la olimpiada desde 1968, es la juventud, para Luis Echevarría Álvarez (1970 – 1976) es la nación toda la que está en crisis. Echeverria comienza por querer renovar el lenguaje político presidencial. Hay propósitos de coherencia global, que muchas veces interrumpido por sus balbuceantes improvisaciones en medio de los textos escritos. Existe una vocación predicadora, sermoneante: el afán de explicar todo en término, para él, revolucionarios. La Revolución Mexicana existe en todo, por más que no se explicite demasiado en ella. Se le asume como consustancial, como fenómeno único, más que referencias histórica o histriónica, como en Díaz Ordaz, como algo propio del ser nacional, fuera de consideraciones de clase o de clases”.
[3] De todos los presidentes hasta aquí analizados, José López Portillo (1976 – 1982) es el que menos se preocupa por definir la Revolución Mexicana, por allí no anda su ideología. Alude a aquella o intenta defenderla emocional e irracionalmente. Aunque su lenguaje responde a una época de crisis y de momentánea exaltación petrolera, sienta las bases de una ruptura en el meollo del mensaje político presidencial. La estrategia económica es el polo alrededor del cual gira el sentido de su discurso a la nación. Desde un principio convoca a todos a “la alianza popular, nacional y democrática para la producción”. Lema que pronto se convierte por varias razones de propaganda política, en la alianza para la producción”.
[4] Miguel de la Madrid (1982-1988) no intenta hacer un gran discurso como Echeverría, ni discusiones dialécticas y metafísicas como López Portillo, que no tengan que ver con la Revolución Mexicana. Con inevitables y ritualistas referencias a esta, de la Madrid, desde su primer mensaje, hace ver que se concentrara de inmediato en un programa de reordenamiento económico. Después de describir su sustentación practica general, se dirige y plantea las siete tesis de sus próximos seis años de gobierno: “nacionalismo revolucionario”; democratización integral; desarrollo, empleo y combate a la inflación; y planeación democrática, se trata de un programa de tesis ideológicas, pero también de acción pública.
